Chile se prepara para la votación más importante desde el fin de la dictadura
Producto de la gran movilización social por la que atraviesa Chile desde octubre de 2019 parlamentarios y parlamentarias de todos los partidos políticos en Chile firmaron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, el que contempla que la ciudadanía elija, mediante un plebiscito el 25 de octubre si quiere una nueva Constitución y el mecanismo más apropiado para su redacción.
Por diversas razones, sin dudas, esta esla consulta popular más importante desde el retorno a la democracia y, quizás,la más importante de la historia republicana. La primera y más obvia, es porque se trata de la Constitución, es decir de una institución jurídica que limita el ejercicio del poder por medio del derecho. Todas las demás normas sociales deben su validez a la Constituciónque es el marco sobre el cual se ordena,relaciona y desarrolla el país y, por lo mismo, se dice que no es más que el reflejo de un acuerdo social sobre lo fundamental de cómo se desarrollará la sociedad en un momento histórico.
Esta será la primera Constitución escrita en democracia y de forma democrática (electos) y si gana además la alternativa Convención Constituyente (155 representantes 100% electos) sobre la Mixta (son 172 representantes:50% parlamentarios y 50% electos), habrá paridad de género algo inédito en el mundo, además de cuota de pueblos originarios.Si gana el Rechazo, el proceso termina ahí y se mantendría la actual Constitución y cualquier reforma o cambio en el futuro se realizaría según las normas limitantes que hoy tiene.
Este proceso sustituiría a la actual Constitución de corte neoliberal y de gran tutelaje autoritario, redactada en 1981 en plena dictadura y aprobada en un plebiscito sin registros electorales, sin partidos políticos, sin observadores internacionales, sin discusión (con propaganda unilateral), en contexto de represión.
Con este proceso se entraría a finalizar una transición congelada al serChile el único país de las olas de democratización de fines de los 80’s y principio de los 90’s del siglo pasado, que hereda una Constitución de la dictadura cívico-militar y que, pese a sus reformas bajosiete gobiernos democráticos (46 reformas), no ha generado una carta democrática y, por lo mismo, no ha tenido su “momento constitucional”.
Este nuevo protagonismo de la ciudadanía y de las políticas progresistas, como lo describo en el libro “Navegando entre los Claroscuros de una Transición Exitosa en Chile”, explícita y/o implícitamente responde a algunas políticas implementadas durante el propio proceso de transición y a los retornos que trajo la propia institucionalización democrática, principalmente a través de factores que favorecieron la organización y movilización de diversos sectores en pro de sus aspiraciones y derechos más allá de los actores clásicos de poder (los partidos y gremios) al traer el retorno de la política al quehacer cotidiano anclado a un marco de derechos que la ordena y enfrenta los clivajes históricos y los transicionales como la Constitución hoy.
La Constitución es concebida por gran parte de los chilenos como el origen de las desigualdades y el principal motivo del descontento de las protestas del año pasado, las que dejaron 36 muertos y miles de heridos (más de 400 con pérdidas oculares).Ello explica que todas las encuestas den más de un 70% de apoyo al Apruebo, incluyendo el de conspicuos personajes de la derecha, claro que de estos últimos los menos son conversos y un número mayoritario busca diluir otro triunfo opositor similar al del “No a Pinochet”, eintenta mediatizar el proceso en medio de un gobierno muy deslegitimadoal igual que el resto de las instituciones democráticas.
La firma del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitucióndel 15 de noviembre de 2019, junto a la llegada de la pandemia, entonces, constituyeron un desacelerante de las movilizaciones. Sin embargo, seguimos estamos ante “un paciente muy enfermo”, donde no se han resuelto ninguna de las demandas del 18 de octubre y el polvorín de los cuestionamientos y la crisis está y no desaparecerá con la vacuna y/o una reactivación económica.
Las luces de una nueva Constitución (de un nuevo “contrato social”) recién se conocerán en el año 2022 y de ahí que se produzcan los cambios esperados pasará otro tiempo, lo que implica que el próximo gobierno deberá caminar con política públicas proactivamente hacia un Estado más social, justo e inclusivo, de modo evitar nueva crisis de gobernanza. Si hablamos de un nuevo contrato social, entonces, debemos partir de que todo contrato requiere para ser válidola igualdad entre las partes y que sea una manifestación en libertad y, por lo mismo, en este pacto deben estar garantizado el derecho de participación de la diversidad de actores del país, único consenso considerado legítimo.
La clave de una salida positiva a esta coyuntura crítica será, entonces, no solamente entablar un debate sobre políticas concretas sino también repensar de manera sistémica nuestros problemas para construir sociedades cohesionadas y efectivas en el logro de objetivos colectivos (inclusivas). Una nueva Constitución es el marco más adecuado para empezar este camino en Chile.
* Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leiden, Magister en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile e investigador del Programa Política Global e Innovación de la Universidad SEK-Chile-
Por Mladen Yopo Herrera *
