Los casos de COVID-19 en todo el mundo superan los 135 millones según los datos publicados por la Universidad Johns Hopkins, mientras que las muertes confirmadas superan los 2,9 millones desde el inicio de la pandemia. América Latina y el Caribe acumula 26 millones de contagios y más de 800 mil muertes. La mayoría de los casos fatales de COVID-19 registrados en América Latina y el Caribe ocurrieron en Brasil.

Mientras tanto, las campañas de vacunación en el mundo presentan diferencias sustantivas entre los países industrializados y periféricos. Los países desarrollados han comprado más dosis de las necesarias para su población. Se estima que las naciones ricas, que concentran sólo el 14% de la población mundial, ya han pre-adquirido más de la mitad del primer suministro potencial de vacunas en el mundo. De una producción de 6,5 billones de dosis de la vacuna, Latinoamérica tiene por contrato sólo un 11 % y África un 4 %. Estas cifras contrastan con las de países como EE. UU., que llega a cubrir la población en un 199 %; la Unión Europea, un 199 % o Canadá, un 532 %.

La producción de vacunas por parte del oligopolio farmacéutico -big pharma- es lenta si se consideran las urgentes necesidades globales. Pero también están jugando otra serie de factores en su adquisición como la capacidad de negociación y de pago de los países, los intereses económicos de las farmacéuticas, la disparidad de precios que va de 4 a 40 dólares, las ventajas que tienen algunas vacunas al no exigir una logística demasiado compleja para su refrigeración, y principalmente los intereses geopolíticos de las principales potencias del mundo. Todos estos elementos complejizan aún más la distribución y adquisición de las dosis para los países periféricos.

En estos tiempos de pandemia las vacunas contra el COVID-19 se han convertido en un arma más de la diplomacia, y América Latina y el Caribe sigue siendo un escenario donde todos juegan. China, Rusia e India están en carrera para conquistar mercados e influencia política a través de la diplomacia sanitaria, aunque sus intereses son diferentes. La posición de los tres países contrasta con el unilateralismo de europeos y estadounidenses.

India es el mayor productor de vacunas en el mundo y está jugando fuerte en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Junto con Sudáfrica están proponiendo que la organización renuncie a ciertas protecciones sobre la propiedad intelectual, permitiendo a los países pobres fabricar versiones asequibles de las vacunas. La propuesta fue apoyada por más de 100 países y bloqueada por las superpotencias. India enfrenta de esta manera a la bigpharma para fortalecer sus empresas nacionales. Al mismo tiempo que juega fuerte en los países asiáticos para contrarrestar la influencia de China.

China, la más grande factoría del mundo, continúa siendo el mayor proveedor de insumos, equipos de protección, respiradores, y ahora con sus tres vacunas (Sinopharm, Cansino, y Sinovac), dos de producción estatal y una en asociación con los canadienses. Rusia, con la Sputnik V, ha ratificado su capacidad de producción científico-tecnológica -a pesar de una furiosa campaña inicial de desprestigio- y ha mejorado su posición en el sistema internacional y estrechado lazos con América Latina, entre otras regiones. China, al igual que Rusia, están aprovechando la oportunidad para fortalecer su poder en los países periféricos. Particularmente el gigante asiático intenta ganar más influencia en América Latina aprovechando la política de Trump que se inclinó más hacia el interior de sus fronteras basado en el principio de “primero los americanos”. China aprovecha entonces la cooperación que había establecido anterior a la pandemia para fortalecer sus intereses en la región.

El imperio contraataca: el liderazgo humanitario

Estados Unidos, sin embargo, no se ha quedado de brazos cruzados en nuestra región. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. publicó su informe anual 2020. En la pagina 48 bajo el subtítulo “Combatiendo las influencias malignas en las Américas” anuncia:

“La OGA (Oficina de Asuntos Globales del Departamento Salud y Servicios Humanos) utilizó las relaciones diplomáticas en la región de las Américas para mitigar los esfuerzos de los estados, incluidos Cuba, Venezuela y Rusia, que están trabajando para aumentar su influencia en la región en detrimento de la seguridad de EE. UU. La OGA coordinó con otras agencias gubernamentales de los EE. UU. para fortalecer los lazos diplomáticos y ofrecer asistencia técnica y humanitaria para disuadir a los países de la región de aceptar ayuda de estos estados mal intencionados. Los ejemplos incluyen el uso de la oficina del Agregado de Salud de la OGA para persuadir a Brasil de que rechace la vacuna rusa COVID-19 y ofrecer asistencia técnica a los CDC en lugar de que Panamá acepte una oferta de médicos cubanos”.

A su vez, el documento revela que “después de décadas de silencio entre EE. UU. y Bolivia, la OGA restableció relaciones diplomáticas de salud con el Ministerio de Salud de Bolivia luego de las elecciones nacionales. Volver a comprometerse permite a Estados Unidos fortalecer los lazos en la región, lo cual es importante para influir en foros regionales y multilaterales, incluida la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.

La ayuda humanitaria que está pregonando Estados Unidos no es más que un eufemismo. Como señaló el brasileño Jose Luis Fiori, como en el mito de la Torre de Babel, Estados Unidos ataca países, organizaciones y bloques para evitar que los poderes cuestionadores lleguen al cielo.

Mientras en América Latina la pandemia la encontró en un momento de marcada debilidad en algunos de sus procesos de integración regional. Con la extinción de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se ha perdido un importante espacio político y regional en salud en América del Sur, en un momento de extrema necesidad y urgencia. Como señala el especialista Paulo Buss, Brasil ha sido un actor histórico regional, pero ha renunciado a todas las demandas de liderazgo sobre el tema de la pandemia en la agenda regional. La política exterior de Bolsonaro ha sido la extensión de su política interna negacionista. México tampoco ha sido de los mejores ejemplos en el abordaje de la pandemia. Los países de América Latina, en general, han apelado al mecanismo COVAX destinado a que los países pobres compren vacunas a precios asequibles, y a la compra de dosis de manera separada, reduciendo así la capacidad de negociación de cada uno en un contexto de lenta producción. En este escenario, un acuerdo diferente ha sido el de la producción conjunta entre México, Argentina y la farmacéutica AstraZeneca, pero hasta hoy no brindó los resultados prometidos.

Es evidente que en esta situación dramática es necesario un pool de países compradores para presionar a la bigpharma mientras se exige a la OMC la exención de la propiedad intelectual que permitiría a todos los países a no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de COVID-19, evitando que se repita la tragedia de la epidemia de VIH/sida vivida hace 20 años, cuando los monopolios farmacéuticos provocaron que las personas de países de altos ingresos tuvieran acceso a medicamentos contra el HIV, mientras se dejaba morir a millones de personas en países periféricos. La liberación de las patentes además permitiría que los laboratorios que tengan la capacidad instalada -o invertir para conseguirla- produzcan las vacunas a escala nacional o regional para satisfacer la apremiante demanda actual como la demanda futura, ya que el nuevo coronavirus convivirá con la humanidad por largo tiempo.

*Investigadora argentina del CONICET en el Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades (IESCODE-UNPAZ). Miembro de RAIIS e INFOPAN. Especialista en Salud Internacional y Políticas de Salud

Por Marcela Belardo