26 nov. 2021
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Absolvieron a Manuel y Liliana Díaz por coacciones agravadas y retención y ocultamiento de persona



El Tribunal colegiado integrado por el conjuez Alejandro Bustos y los jueces penales Norma Senn y Santiago Banegas resolvió absolver a ambos de los delitos mencionados. Consideró “endeble” las pruebas presentadas por la Fiscalía. Y condenó al MPA a pagar las costas del juicio.




La absolución recaída sobre los imputados Manuel Díaz y Liliana Graciela Díaz es por la presunta comisión de los delitos de coacciones agravadas por ser cometidas con la

participación de un menor de dieciocho años y sustracción y retención de una persona con el fin de obligar a la víctima a hacer algo contra su voluntad, agravado por la edad de la víctima, por el vínculo con esta, por la cantidad de partícipes y por la intervención de un menor de edad; atribuidos ambos hechos a la imputada en calidad de coautora y en

concurso real entre sí.


Se trata de la causa que investigaba si la hija del condenado Díaz fue amenazada y privada de su libertad tras ser introducida en la alcaidía verense, cuando su padre estaba detenido en ese lugar. Los jueces estimaron que el material probatorio presentado por el MPA fue “endeble” y, ante la duda, decidió fallar en favor de los imputados en el juicio desarrollado en los Tribunales de Vera.


El fallo completo pronunciado hoy por el Tribunal.

Absolver a la imputada Liliana Graciela DÍAZ,

DNI n.° 17 111 459, demás datos obrantes en autos, de la presunta

comisión de los delitos de coacciones agravadas por ser cometidas con la

participación de un menor de dieciocho años y sustracción y retención de

una persona con el fin de obligar a la víctima a hacer algo contra su

voluntad, agravado por la edad de la víctima, por el vínculo con esta, por la

cantidad de partícipes y por la intervención de un menor de edad;

atribuidos ambos hechos a la imputada en calidad de coautora y en

concurso real entre sí (artículos 149 bis ─último párrafo─, 142 bis ─incisos

1.°, 2.° y 6.°─, 41 bis, 45 y 55 del Código Penal).-

2. Absolver al imputado Manuel Alcides DÍAZ, DNI n.°

15 BACLINI, J. C. y otro, “Código Procesal Penal de Santa Fe – Comentado, anotado y concordado –

Tomo 2”, Rosario: Juris, 2017, pág. 623.-

16 389 111, demás datos obrantes en autos, de la presunta comisión de los

delitos de coacciones agravadas por ser cometidas con la participación de

un menor de dieciocho años y sustracción y retención de una persona con

el fin de obligar a la víctima a hacer algo contra su voluntad, agravado por

la edad de la víctima, por el vínculo con esta, por la cantidad de partícipes y

por la intervención de un menor de edad; los cuales le fueron atribuidos a

ambos imputados en calidad de coautores y en concurso real entre sí, y ─a

su vez─ en concurso ideal con el delito de desobediencia (artículos 149 bis

─último párrafo─, 142 bis ─incisos 1.°, 2.° y 6.°─, 41 bis, 239, 45 y 55 del

Código Penal)

2. Imponer las costas del proceso al Ministerio Público

de la Acusación.-

Protocolícese el original, agrégues

Vera, 27 de septiembre de 2021.-

Y VISTO: Este legajo judicial registrado como “DÍAZ, Liliana

Graciela y otro s/ Delitos contra la libertad” (CUIJ n.° 21-06313539-6), de

la Oficina de Gestión Judicial de Primera Instancia del Distrito N.° 13 –

Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en esta ciudad de Vera, ante el

Tribunal Pluripersonal, a cargo del conjuez Alejandro Martín Bustos, y los

jueces penales de primera instancia Norma Noemí Senn y Santiago Roberto

Banegas, presidido por este último, integrantes del Colegio Interdistrital de

Jueces de la Cuarta Circunscripción Judicial, en juicio seguido contra Liliana

Graciela DÍAZ, DNI n.° 17 111 459, nacida en fecha 09/03/1975, hija de

Manuel DÍAZ y de Juana Margarita ZÁRATE, docente, demás datos obrantes

en autos, por la presunta comisión de los delitos de coacciones agravadas

por ser cometidas con la participación de un menor de dieciocho años y

sustracción y retención de una persona con el fin de obligar a la víctima a

hacer algo contra su voluntad, agravado por la edad de la víctima, por el

vínculo con esta, por la cantidad de partícipes y por la intervención de un

menor de edad; atribuyéndosele ambos hechos a la imputada en calidad de

coautora y en concurso real entre sí (artículos 149 bis ─último párrafo─, 142

bis ─incisos 1.°, 2.° y 6.°─, 41 bis, 45 y 55 del Código Penal); y contra Manuel

Alcides DÍAZ, DNI n.° 16 389 111, nacido en fecha 07/10/1963, hijo de

Manuel DÍAZ y de Juana Margarita ZÁRATE, empleado judicial, demás datos

obrantes en autos, por la presunta comisión de los delitos de coacciones

agravadas por ser cometidas con la participación de un menor de dieciocho

años y sustracción y retención de una persona con el fin de obligar a la

víctima a hacer algo contra su voluntad, agravado por la edad de la víctima,

por el vínculo con esta, por la cantidad de partícipes y por la intervención

de un menor de edad; atribuyéndosele ambos hechos al imputado en

calidad de coautor y en concurso real entre sí, y ─a su vez─ en concurso

ideal con el delito de desobediencia (artículos 149 bis ─último párrafo─, 142

bis ─incisos 1.°, 2.° y 6.°─, 41 bis, 239, 45 y 55 del Código Penal); actuando

en representación del Ministerio Público de la Acusación el fiscal regional

Rubén Martínez, en el ejercicio de la defensa técnica de Liliana Graciela

Martínez la defensora regional María Valeria Lapissonde y como defensor

técnico del imputado Manuel Alcides Díaz el defensor público Sergio

Alberto Olivera; del que,

RESULTA: Que en la fecha oportunamente dispuesta

─20/09/2021─, encontrándose presentes las personas referidas en el

parágrafo antecedente, se declaró abierto el debate, procediéndose a la

presentación de las partes.-

Posteriormente, encontrándose las mismas en

condiciones de realizar sus alegatos de apertura, le fue concedida la

palabra al representante del Ministerio Público de la Acusación, quien

realizó su alegato inicial, describiendo pormenorizadamente el hecho,

dando precisiones de las condiciones de modo, tiempo y lugar de su

comisión, y refiriendo a la calificación legal escogida ─en idénticos términos

a los que constan en el auto de apertura del juicio, al cual nos remitimos en

mérito a la brevedad─.

Asimismo, realizó una breve descripción de la

prueba que habría de producirse durante el debate, con la cual pretendería

demostrar los extremos del hecho atribuido a los imputados y la

responsabilidad de estos en aquellos, reiterando la calificación legal en la

cual ─según su entender─ se subsumen los mismos. Finalmente, sostuvo la

intención del Ministerio Público de requerir la imposición de la pena

oportunamente solicitada en el escrito acusatorio.-

A su turno, realizaron sus alegatos de apertura los

defensores técnicos de los imputados, adelantando que solicitarían la

absolución de estos por entender que no existían elementos suficientes de

cargo para que el acusador pudiera obtener la condena pretendida, dando

sus fundamentos para ello.-

Finalizados los alegatos de apertura y habiendo

ejercido los imputados su derecho de abstenerse de declarar, se inició la

etapa de producción de prueba, prestando declaración testimonial Diego

Sebastián Tuya, Adrián Marcelo Vega, Mauricio Raúl Andino, Leandra

Elizabet Marinelli, Dardo Dante Parra, Nicolás Rafael Rimoldi, Lorena Paola

Martínez, Carolina Vanesa Baer, Silvia Beatriz Zabala, Ceferino Valentín

Oviedo, Yanina Verónica Barrientos y Paola Itatí Quintana; dándose por

finalizado el primer día de debate.-

En fecha 21/09/2021 tuvo lugar la segunda jornada de

juicio, y depusieron los testigos Julio César Lucero, Darío Emanuel Meza,

Gonzalo Eduardo Basualdo, Estefanía María Jesús Aguiar, Gustavo Leonel

González Espinoza, Claudio Luis Fernández, Fernando Luis Gómez, Leticia

Elisabet Petroli, Laura Romina Peleato, Betiana de Luca, Elvia Janina

Fernández, Silvia Viviana Britto, Vanina Soledad Morello, Adriana Alicia

Benítez, Horacio Emilio Goldaraz y Horacio Darío Walter.-

En fecha 22/09/2021 se desarrolló la tercera jornada

de producción de pruebas, recibiéndosele declaración a los testigos Natalia

Montserrat Michelli, Gabriela Alejandra Roberts, Ramona Susana Soto,

Claudia Moreyra, Analía Cristina Núñez, Dana Berenice Pérez y Yanina Paola

Díaz. Asimismo, en dicha oportunidad, se realizó una inspección judicial en

el lugar donde presuntamente habrían ocurrido los hechos, clausurándose

luego la etapa probatoria y concediéndosele a las partes un plazo

prudencial para elaborar sus alegatos finales.-

En fecha 23/09/2021, al momento de formular sus

conclusiones, el acusador público insistió con su pretensión de condena,

analizando pormenorizadamente la prueba producida durante el debate y

sosteniendo que la misma era suficiente para tener por acreditados los

hechos endilgados, así como la participación punible de los imputados en

aquellos.-

A su turno los defensores técnicos insistieron en la

inocencia de sus pupilos procesales y remarcaron distintas cuestiones que,

según su entender, evidenciaban inconsistencias de la prueba aportada por

el Ministerio Público de la Acusación, todo lo cual debería conducir

─conforme a su parecer─ a la absolución de los hermanos Díaz.-

Concedida a las partes la oportunidad de hacerlo, no se

formuló réplica alguna ─y, en consecuencia, tampoco dúplicas─,

brindándosele a los imputados la oportunidad de expresar, si así lo

deseaban, todo aquello que entendieran adecuado para su defensa

material, manifestando aquellos su deseo de abstenerse de hacerlo,

dándose así por concluido el debate. En el mismo acto se convocó a las

partes a concurrir en el día de la fecha, a la hora oportunamente fijada,

para dárseles a conocer la presente sentencia, conforme a lo normado por

el artículo 331 ─quinto párrafo─ del digesto ritual; y,

CONSIDERANDO: Que conforme a lo normado por el artículo

332 del digesto ritual, el tribunal se planteó las siguientes cuestiones a

resolver: I- ¿Están probados los hechos que se juzgan, la autoría y

responsabilidad de los imputados?; II- en su caso, ¿qué calificación legal

corresponde a los mismos?; III- ¿qué sanción corresponde imponerle a los

acusados?; y IV- ¿qué corresponde decidir en relación con las costas del

proceso?.-

-IA fin de dar respuesta al primer interrogante, resulta

indispensable evaluar la prueba producida durante el juicio. Sin embargo,

antes de abocarnos con plenitud a dicha tarea, entendemos oportuno

advertir severos problemas de litigación, que llevaron a la realización de un

debate extenso en demasía, en el cual el representante del Ministerio

Público de la Acusación dedicó largas horas para probar proposiciones

fácticas ajenas a su teoría jurídica, mientras que los defensores técnicos de

los imputados invirtieron tiempo y esfuerzo en minar la credibilidad de una

testigo que jamás depuso en el debate.-

Estas circunstancias pusieron en evidencia

─nuevamente─ prácticas de litigación arcaicas, propias de sistemas

inquisitivos, que parecen encaminarse más hacia el entorpecimiento del

proceso que a producir información de alta calidad que permita a los jueces

llegar a una resolución justa. Como si de una descripción de este caso en

particular se tratase, afirma la Dra. Lorenzo: “Uno de los problemas que los

sistemas procesales que han variado sus legislaciones hacia el acusatorio

han enfrentado a la hora de realizar juicios es la inmensa cantidad de

incidencias de diversos tipos que las partes deciden presentar desde que se

instala la audiencia de juicio. Desde recusaciones a jueces hasta solicitudes

de suspensiones por las más variadas razones, pasando por incidencias

relativas a la legalidad de la prueba o la solicitud de admisión de pruebas

no ofrecidas en su debido momento, este tipo de actuación de las partes

(…) suele entorpecer el correcto desarrollo del proceso (…) cada momento

procesal tiene una finalidad específica y la etapa previa al juicio ha sido

estructurada de forma tal que las partes puedan (…) realizar todas las

peticiones que consideren necesarias para que al momento de llegar al

juicio no se produzcan incidencias (…) Dicho en otras palabras: al momento

del juicio el caso debe llegar ‘limpio’”1

.

Este llamado a la reflexión con respecto a la forma en la

que se desarrolló el presente debate, obedece a dos razones: En primer

lugar, porque resulta indispensable que todos los actores del sistema penal

─acusadores, defensores y magistrados─ realicemos nuestros mayores

esfuerzos para lograr juicios orales cada vez más breves, ágiles y en los

cuales solo se incorpore información relevante y de la más alta calidad, en

aras de garantizar a la comunidad un servicio de justicia eficaz y eficiente; y,

en segundo término, porque entendemos oportuno advertir de antemano

que, de la enorme cantidad de prueba producida durante el debate, solo

dedicaremos nuestro tiempo a analizar aquella que resultó de utilidad para

decidir la suerte del litigio, absteniéndonos ex profeso de evaluar las

interminables deposiciones de testigos destinadas a probar cuestiones

ajenas a la teoría del caso de cada una de las partes.-

1. Para ello, resulta indispensable determinar, ante

todo, cuál es la hipótesis acusatoria ─habida cuenta de que es esta la que

debe demostrarse en el debate para arribar a una sentencia condenatoria─,

y a ello destinaremos los parágrafos subsiguientes.-

Según la teoría del caso del fiscal, los coimputados

Liliana Graciela Díaz y Manuel Alcides Díaz, junto a Juana Margarita Zárate y

la adolescente Yanina Paola Díaz, elaboraron un plan con el objeto de privar

ilegítimamente de la libertad a Gisela Leandra Díaz, con el objeto de

compelerla a que se retractara de las denuncias de abuso sexual que había

realizado en contra de su padre ─Manuel Díaz─, quien se encontraba

alojado en la alcaidía de la Unidad Regional XIX, con asiento en la ciudad de

Vera. Dicho plan fue llevado adelante ─según la tesis acusatoria─, de la

siguiente manera: El día 15 de septiembre de 2015, en horas de la tarde,

Yanina Paola Díaz se acercó a la víctima ─su hermana menor, Gisela Díaz─,

quien se hallaba en la Plaza Independencia de la referida ciudad, y le dijo

que quería denunciar a su padre, ya que este también había abusado

sexualmente de ella, requiriéndole a Gisela que la acompañara al día

siguiente a la comisaría primera de la Unidad Regional XIX.-

En la mañana del día 16 de septiembre de 2015

─aproximadamente a las 07.45 horas─, Gisela concurrió a la sede de la

autoridad prevencional y, cuando estaba arribando al edificio, fue

interceptada por su abuela Juana Margarita Zárate y su tía Liliana Díaz,

quienes la privaron de su libertad, amenazándola y coaccionándola para

que ingrese a la alcaidía para hablar con Manuel Alcides Díaz, aduciendo

Liliana Díaz que tenía un arma dentro de su cartera.-

Una vez dentro de las dependencias de la Sección

Alcaidía, la víctima fue obligada a ascender a la planta alta, donde se

encontraba detenido su padre, quien la esperaba junto al interno Adrián

Vega. Allí, Manuel Díaz coaccionó a Gisela Díaz con el objeto de que levante

la denuncia, advirtiéndole que, si no lo hacía, iban a matarla a ella y a su

madre.-

En las referidas circunstancias, los coimputados

mantuvieron a Gisela junto a su padre ─privada de su libertad─ durante

unos diez minutos, pese a que este tenía prohibido acercarse a aquella por

orden judicial, y nuevamente amenazaron a la adolescente, diciéndole que,

si decía todo lo que su padre le había ordenado, iba a estar bien.-

En resumidas cuentas, las premisas fácticas que se

comprometió a demostrar la fiscalía durante el debate fueron las

siguientes:

1. Que Gisela Díaz se hizo presente en la sede de la Unidad

Regional XIX en fecha 16 de septiembre de 2015, aproximadamente a las

07.45 horas, e ingresó al sector del inmueble donde se encontraba alojado

su padre; 2. que su concurrencia al lugar se logró mediante un plan

pergeñado por su tía, su abuela y su padre, quienes lograron llevarla

engañada con la complicidad de su hermana; 3. que, una vez allí,

permaneció privada de su libertad durante unos diez minutos, contra su

voluntad y por disposición de sus familiares, quienes se valieron para ello

de amenazas, procurando así compelerla a que se retractara de la denuncia

de abuso sexual que había realizado tiempo antes en contra de su padre; y

4. que este ─Manuel Alcides Díaz─ tenía prohibido acercarse a su hija, por

disposición judicial.-

Esta breve descripción de las plataforma fáctica nos

permite advertir rápidamente que resulta absolutamente inconducente, y

por lo tanto ─insistimos─ no será analizada, toda la prueba producida en las

extensas jornadas de juicio con el objeto de acreditar presuntas

irregularidades cometidas por el personal policial que autorizaba el ingreso

de visitantes a la alcaidía fuera de los días y horarios establecidos

reglamentariamente a tales efectos y sin la registración correspondiente en

los libros confeccionados a tales fines (libros que, por otra parte, fueron

ofrecidos como prueba, según consta en el auto de apertura, pero jamás

fueron incorporados válidamente al debate), la existencia de teléfonos

celulares en poder de los internos (teléfonos que tampoco fueron traídos a

juicio), la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraba la víctima y

quién o quiénes eran responsables de esta, o los hechos ocurridos cuando

Gisela Leandra Díaz no se encontraba en compañía de Yanina Paola Díaz,

Liliana Graciela Díaz, Juana Margarita Zárate y Manuel Alcides Díaz.-

Sí abordaremos la prueba que permite tener por

acreditada cada una de las cuatro proposiciones fácticas referidas, a lo cual

nos abocaremos en los parágrafos subsiguientes.-

1.1. En lo que respecta a la primera de ellas, durante el

debate se acreditó acabadamente que, en fecha 16 de septiembre de 2015,

aproximadamente a las 07.45 horas, Gisela Leandra Díaz se hizo presente

en la sede de la Unidad Regional XIX y estuvo allí reunida con Juana

Margarita Zárate, Liliana Graciela Díaz, Yanina Paola Díaz y Manuel

Alcides Díaz, en el lugar donde se alojaba este último.-

Para sostener esto, quizás podríamos detenernos en el

análisis de los testimonios de Adrián Marcelo Vega, compañero de encierro

de Manuel Alcides Díaz, quien dijo haber visto el día del hecho al imputado

dentro de la alcaidía, en compañía de tres personas: su madre, su hija

mayor y una tercera persona, menor de edad, a quien no reconoció, porque

antes no la había visto con él, pero que luego el propio Díaz le confirmó que

se trataba de su hija menor; o en la deposición del funcionario policial

Ceferino Valentín Oviedo, quien declaró que el día del hecho había

concurrido a la Sección Logística de la Unidad Regional XIX, y pudo ver a

Gisela Díaz salir por el pasillo, cabizbaja, llorando, acompañada por algunos

de sus familiares; declaración ─esta última─ que resulta conteste con la del

jefe de investigaciones de Asuntos Internos, Nicolás Rafael Rimoldi, quien

manifestó haberle recibido declaración a Oviedo en el marco de las

actuaciones administrativas registradas como expediente n.° 1363/15, en

cuya oportunidad dicho empleado policial declaró que cuando ingresó al

hall de la comisaría primera vio salir a una menor, a quien reconoció como

Gisela Díaz, la cual parecía haber estado llorando.-

Sin embargo, creemos que profundizar en estas u otras

declaraciones para tener por acreditada la presencia de la víctima en el

lugar del hecho resulta innecesario, habida cuenta de que los propios

defensores situaron a Gisela Díaz en el lugar del hecho, a través de la

declaración de la testigo de descargo Yanina Paola Díaz, quien ─luego de ser

confrontada con una declaración previa─ manifestó que presenció cuando

su hermana se encontró con su padre en la escalera que subía a la alcaidía,

lugar donde ambos se abrazaron y la adolescente, llorando, le pidió perdón

al imputado.-

Sobre este particular, es oportuno recordar lo

sostenido por especialistas en litigación oral penal: “No hay información

más confiable ni fidedigna que aquella que ha sido producida por la

contraparte. El otro bando no puede negar la autenticidad de la

información que ellos mismos han introducido al juicio, y el sentido común

parece sugerir que no ofrecería prueba que dañara su propio caso a menos

que ella fuera ineludiblemente cierta”; y memoramos este sencillo ─pero

contundente─ principio, porque el hecho de que los defensores técnicos de

los imputados hayan demostrado, con su propia testigo, una de las

premisas fácticas sostenidas por el acusador, prácticamente releva a este

de mayores esfuerzos probatorios y al tribunal de otras consideraciones al

respecto.-

1.2. En lo que respecta al plan pergeñado por los

coimputados, en connivencia con Juana Zárate y Yanina Díaz, para llevar a

Gisela Díaz engañada al lugar donde se encontraba alojado su padre, la

prueba aportada por el Ministerio Público de la Acusación resulta

sumamente endeble, según analizaremos a continuación.-

No se aportó al debate ningún registro telefónico,

grabación de llamadas o mensaje de texto que diera cuenta de tal

circunstancia, pese a que, como sostuvo el testigo de la fiscalía Diego

Sebastián Tuya, durante largo tiempo las líneas telefónicas de los

coimputados y su grupo familiar más cercano estuvieron intervenidas. Por

otro lado, el acusador público desistió de la testimonial de Julio César

Arredondo, funcionario policial que ─supuestamente, y según refirió el

fiscal─ había realizado pericias referentes a comunicaciones o dispositivos

secuestrados en el marco de la presente investigación.-

El titular de la acción penal prometió en sus alegatos

iniciales demostrar este extremo, pero solo presentó prueba de contexto,

meramente indiciaria, a través de testigos de oídas (Leandra Elizabet

Marinelli, Gustavo Leonel González Espinoza, Laura Romina Peleato,

Betiana de Luca y Gonzalo Eduardo Basualdo), quienes no hicieron más que

relatar que la víctima había manifestado que en la tarde del día 15 de

septiembre de 2015 su hermana, Yanina Paola Díaz, se encontró con ella en

una plaza y le requirió que la acompañara en horas de la mañana siguiente

a la Comisaría Primera de la Unidad Regional XIX a fin de formular una

denuncia por abuso sexual en contra de su padre, Manuel Díaz, y que ella

concurrió allí con dicha intención, engañada por su hermana mayor,

desconociendo todo lo que ocurriría después.-

Más allá del escaso valor convictivo que poseen los

testigos indirectos ─volveremos sobre el particular más adelante─, otras

deposiciones incorporadas al debate tornan inverosímil esta versión de los

hechos. De las personas que se encontraban en la Plaza Independencia en

la tarde del 15 de septiembre de 2015, solo Gustavo Leonel González

Espinoza y Yanina Paola Díaz fueron traídos a testimoniar en el juicio, y si

bien los dos sostuvieron que el encuentro en la plaza efectivamente se

produjo, ambos fueron contestes en que se trató de un encuentro casual,

que se dio cuando Yanina Díaz dobló por calle Mitre y atravesó la plaza, y la

propia Gisela se acercó a hablar con su hermana ─y no a la inversa─.-

Teniendo esto acreditado por los dos únicos testigos

que se encontraban en el lugar y que depusieron durante el debate, surgen

inmediatamente diversos interrogantes: Si Yanina había acordado con su

tía, su abuela y su padre llevar engañada a Gisela ante la comisaría primera

en la mañana del 16 de septiembre de 2021, ¿cómo sabía que su hermana

estaría en la plaza justo el día anterior, en el horario en que ella circularía

por ahí?

Pero, supongamos por un instante, que Yanina tuvo posibilidades

de conocer que su hermana se encontraría allí en ese momento (sea

porque conocía sus rutinas o por cualquier otra razón), y tenía intenciones

de hablar con ella para engañarla y llevarla al día siguiente al encuentro de

su padre, ¿por qué no se acercó a Gisela?, ¿cómo supo que su hermana,

con solo verla pasar a lo lejos, tomaría la iniciativa de acercarse a conversar

con ella, dándole así la posibilidad de echar a andar el plan que

previamente había urdido con los coimputados?.-

Como puede apreciarse, la conclusión que

racionalmente se impone es que Yanina y Gisela se encontraron en forma

casual en la Plaza Independencia, y que mantuvieron una conversación, en

la cual ambas convinieron que se encontrarían al día siguiente en la sede de

la Unidad Regional XIX, careciendo de todo asidero lógico ─y,

fundamentalmente, de prueba alguna que lo sustente─ el supuesto plan

tramado para llevar a Gisela, mediante engaños, al encuentro con su

padre.-

1.3. Corresponde ahora evaluar si se encuentra

probada la tercera proposición fáctica de la hipótesis acusatoria, es decir,

que Gisela Leandra Díaz fue privada ilegítimamente de su libertad

mediante amenazas en el lugar donde se encontraba alojado su padre y

compelida a retractarse de la denuncia de abuso sexual que había

realizado tiempo antes en contra de su progenitor.-

Para acreditar este punto, el titular de la acción penal,

al igual que con el punto anterior, solo aportó testigos indirectos: Leandra

Elizabet Marinelli, Estefanía María Jesús Aguiar, Laura Romina Peleato y

Gonzalo Eduardo Basualdo, quienes no hicieron más que reproducir en el

juicio aquello que supuestamente les habría relatado Gisela Leandra Díaz.

Sin embargo, insólitamente, el testimonio de la propia víctima nunca fue

traído al debate. Quizás el acusador no convocó a Gisela Díaz para evitar su

victimización secundaria, lo cual podría resultar comprensible, sin embargo,

no existe fundamento jurídico, lógico o de litigación alguno que permita

entender las razones por las que tampoco se incorporó como prueba la

declaración prestada por Gisela Díaz durante la investigación penal

preparatoria, en carácter de anticipo jurisdiccional.-

Así las cosas, nos encontramos frente a una acusación

cuya principal premisa fáctica se encuentra sustentada únicamente por

testigos de oídas, y sabido es que el valor convictivo de los testigos

indirectos resulta extremadamente bajo, ya que “el testimonio de oídas no

es propiamente una prueba, pues solo es una prueba de la prueba de los

mencionados hechos; una prueba, que puede ser ampliamente válida, pero

de una prueba que es siempre débil, puesto que ha sido aducida sin las

ventajas y garantías inherentes a las formalidades judiciales”

Tanto es así

que en los sistemas que cuentan con reglas de evidencia codificadas, se

prohíbe la producción de prueba testimonial indirecta ─llamada en la

lengua anglosajona “hearsay” o prueba de rumores─ autorizándose solo en

casos excepcionalísimos, taxativamente determinados.

A fin de dejar claramente sentada la posición del

tribunal, debemos puntualizar que los testimonios de oídas pueden resultar

de suma utilidad para apontocar la deposición de la víctima en caso de no

contarse con otro testigo directo del hecho (como ocurre habitualmente,

por ejemplo, en los abusos sexuales), o inclusive para suplirla, en aquellas

oportunidades en las cuales razones fácticas o jurídicas impiden su

declaración en el debate. Ahora bien, en modo alguno puede pretender el

acusador sustituir con rumores el testimonio de una víctima que se

encontraba en condiciones de deponer en el juicio o que ─como en este

caso─ ya había atestiguado en carácter de prueba preconstituida, pudiendo

haberse incorporado, al menos, los registros del anticipo jurisdiccional al

debate.-

Y esto es así por diversas razones. Ante todo, no debe

perderse de vista que nadie se encuentra en una posición de mayor

cercanía al hecho delictivo que se juzga que la propia persona que lo ha

padecido, por lo que su testimonio resulta de suma relevancia. En tal

sentido, con claridad meridiana la jurisprudencia comparada ha dicho que

“(…) la víctima se encuentra procesalmente en la situación de testigo, pero

a diferencia del resto de testigos, es víctima y ello debería tener un cierto

reflejo diferenciador desde el punto de vista de los medios de prueba, ya

que la introducción de la posición de la víctima en la categoría de mero

testigo desnaturaliza la verdadera posición en el proceso penal de la

víctima, que no es tan solo quien ‘ha visto’ un hecho y puede testificar

sobre él, sino que lo es quien es el sujeto pasivo del delito y en su

categorización probatoria está en un grado mayor que el mero testigo

ajeno y externo al hecho, como mero perceptor visual de lo que ha

ocurrido (…) Se trata de llevar a cabo la valoración de la declaración de la

víctima, sujeto pasivo de un delito, en una posición cualificada como testigo

que no solo ‘ha visto’ un hecho, sino que ‘lo ha sufrido’, para lo cual el

Tribunal valorará su declaración a la hora de percibir cómo cuenta el suceso

vivido en primera persona, sus gestos, sus respuestas y su firmeza a la hora

de atender el interrogatorio en el plenario con respecto a su posición como

un testigo cualificado que es, al mismo tiempo, la víctima del delito”.

Como puede advertirse, en el caso que nos convoca, sin razón aparente

alguna, el acusador público, al no ofrecer como prueba de cargo el

testimonio de Gisela Leandra Díaz, privó al tribunal de la invaluable

posibilidad de conocer los hechos a través de la fuente de información más

directa de la cual se disponía, pretendiendo reemplazar su testimonio con

diversas personas que se limitaron a relatar lo que aquella les había

contado previamente.-

No puede perderse de vista, por otra parte, que las

declaraciones de los testigos de referencia, además de su pobre valor

convictivo ─según ya hemos referido─ se encuentran reñidas con los

principios procesales de contradicción e inmediatez consagrados por el

artículo 3 de nuestro digesto ritual, ya que impiden al imputado ejercer

adecuadamente su derecho a confrontar la prueba de cargo, elemento

fundamental del sistema acusatorio, el cual constituye una garantía judicial

con jerarquía constitucional.

En tal sentido, el derecho al

contrainterrogatorio no debe limitarse más allá de lo estrictamente

necesario y dicha necesidad jamás puede presumirse, sino que debe ser

acreditada por el Estado atendiendo a las circunstancias específicas y

objetivas de la causa.

En el sub judice, debemos reiterarlo, ello no ocurrió:

el acusador no brindó siquiera una razón valedera para haber prescindido

del testimonio de la víctima en el presente debate.-

La posición de este tribunal sobre el particular no

resulta en absoluto antojadiza, sino que ha sido sostenida pacíficamente

por la jurisprudencia nacional, extranjera y de tribunales internacionales:

Así, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la verosimilitud de las

deposiciones de los testigos de oídas resulta sumamente difícil de verificar

cuando se carece de testigos directos con los cuales confrontar el relato de

aquellos.

Por su parte, la Suprema Corte de los Estados Unidos ─país con

siglos de tradición procesal penal adversarial─ ha resuelto que el derecho al

contrainterrogatorio es inherente a la garantía del debido proceso9

; y ─en la misma línea─ el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que

resulta contrario al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos

─equivalente al artículo 8 de la Convención Americana─ la sustitución del

testigo directo por el de referencias sin una causa legítima que justifique la

inasistencia de aquel al juicio oral, por cuanto, por un lado, priva al tribunal

de formarse un juicio sobre la veracidad o credibilidad del testimonio

indirecto al no poder confrontarlo con el directo y, por el otro ─y,

fundamentalmente─, vulnera el derecho del acusado a contrainterrogar y

confrontar a los testigos de cargo.

Lo sostenido no resulta tampoco, en modo alguno,

contrario a lo resuelto por el Tribunal de Alzada de la Cuarta Circunscripción

en el precedente “Pimentel” , toda vez que allí el testimonio directo no

había podido ser escuchado por el tribunal de juicio debido a la

imposibilidad fáctica del niño víctima de prestar declaración en cámara

Gesell por el grave trauma psicológico que había padecido como

consecuencia del propio abuso. Dicha situación guarda mucha más

similitud con el precedente “Ohio v. Clark” del Máximo Tribunal Federal de

los Estados Unidos que con el caso que aquí nos convoca, en el cual nos

encontramos ante una víctima cuyo testimonio pudo haber sido rendido en

juicio ─y debemos inferir que esto es así porque en ningún momento el

acusador brindó los fundamentos por los cuales decidió prescindir de aquel

en el debate─ o, en el peor de los casos, pudo haber sido incorporado

mediante la reproducción de los registros del anticipo jurisdiccional de

prueba con los que contaba el fiscal. Debemos reiterar, entonces, que la

prescindencia de la deposición de la víctima aquí no obedeció a razón

jurídica o fáctica alguna que posibilite su sustitución por prueba indirecta,

lo cual mina completamente la teoría del caso del Ministerio Público de la

Acusación.-

Todo lo dicho nos lleva a concluir que esta proposición

fáctica sostenida por el acusador público tampoco pudo ser probada más

allá de toda duda razonable.-

1.4. En cuanto a la cuarta proposición sostenida por el

fiscal ─esto es, la prohibición que pesaba sobre Manuel Alcides Díaz de

acercarse a su hija Gisela Leandra Díaz─, el tribunal se encuentra impedido

de realizar mayores consideraciones al respecto, toda vez que no se han

incorporado las resoluciones judiciales que supuestamente así lo

disponían.-

2. Correspondería ahora analizar la teoría del caso de

los defensores técnicos de los imputados. Sin embargo, y conforme lo

hemos adelantado al inicio de la presente sección, los esfuerzos de dichos

profesionales se concentraron, principalmente, en cuestionar la

credibilidad de una testigo cuya deposición nunca fue incorporada

válidamente al debate ─Gisela Leandra Díaz─, por lo que huelga todo

análisis o evaluación sobre el particular.-

3. En base a los fundamentos hasta aquí sostenidos,

podríamos concluir simplemente afirmando que se impone la absolución

de ambos imputados, toda vez que lo único que se ha probado durante el

debate es que Gisela Díaz se encontró con su padre en el lugar donde este

se hallaba alojado, lo cual ─en el peor de los casos─ constituyó una

situación irregular y antirreglamentaria, mas no delictiva. Sin embargo, y

habiendo invocado el acusador público en sus alegatos conclusivos la

Convención de Belem do Pará, entendemos necesario referir, a modo de

peroración, que la valoración de la prueba que realizamos en los parágrafos

precedentes no implica en modo alguno restar credibilidad al relato de la

víctima ─el cual, debemos insistir a riesgo de ser reiterativos, nunca fue

traído adecuadamente a juicio─, sino que obedece a la necesidad de

encontrar un adecuado equilibrio entre el derecho de aquella al acceso a la

justicia, por un lado, y el del imputado a que deba probarse más allá de

toda duda razonable su autoría o participación en el hecho del cual se lo

acusa, para arribar a una sentencia condenatoria.-

En tal sentido, es necesario tener presente que cuando

─en base a la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra la Mujer─ el Tribunal Regional Americano demanda a los Estados

bajo su órbita la debida diligencia en la investigación de los delitos de

género de los cuales resultan víctimas las mujeres “(…) no exige imponer

una condena y, menos todavía, hacerlo sin sujeción a las reglas del debido

proceso, sino que de lo que se trata es de requerir al Estado su compromiso

genuino con el deber de investigar lo denunciado de una manera

escrupulosa, completa y eficaz, a riesgo de que se le genere

responsabilidad internacional para el supuesto de omitir obrar de esta

suerte (…)”.

En muchas ocasiones pareciera que el derecho al

acceso a la justicia de las víctimas y a que sus denuncias sean investigadas

con la debida diligencia y con perspectiva de género ─cuando se trata de

delitos de esta índole─, colisionan con el principio in dubio pro reo, basado

en el estado de inocencia del que goza el imputado, pero esto en modo

alguno es así, ya que ambas cuestiones corresponden a esferas de análisis

complementarias, pero diferentes. El principio in dubio pro reo no debe ser

entendido como “(…) una regla de valoración probatoria, ni siquiera

auxiliar, sino que se erige en un parámetro para ser aplicado, en su caso,

una vez ya ha sido valorada la prueba, es decir, es una regla de decisión, no

de valoración, (…) [por lo que, dicho principio,] no indica al juzgador en

modo alguno, pues, cómo debe valorar la prueba, sino, tan sólo, qué debe

hacer cuando ya ha valorado y a pesar de ello no ha alcanzado plenitud

más allá de las dudas”.

En la otra mano, la perspectiva de género sí consiste en

un criterio de valoración de la prueba y un estándar que debe aplicarse

durante el desarrollo de la investigación, de modo tal que todo funcionario

estatal, de cualquier nivel, que intervenga en la indagación o juzgamiento

de un delito de género se ve obligado a despojarse de todo prejuicio contra

las víctimas y a llevar adelante una diligente recolección de evidencias ─en

la etapa investigativa─ y una adecuada valoración de la prueba ─en el

estadio del juicio─, que garantice que la mujer (o niña, en este caso) que

denuncia haber sido víctima de un delito de género recibirá justicia y

protección contra de la violencia por ella padecida, no limitándose a ser

─como ocurría hace no muchos años atrás─ un mero órgano de prueba. En

tal sentido, su aporte al proceso debe ser valorado desde una óptica

imbuida de perspectiva de género, que posibilite a los juzgadores

interpretar adecuadamente sus manifestaciones y comprender

acabadamente el contexto por ella vivenciado.-

Como puede advertirse, entonces, la perspectiva de

género no implica en modo alguno flexibilizar los estándares probatorios, ni

permite arribar a una sentencia condenatoria sin contar con el bagaje

convictivo necesario para quebrar el estado de inocencia del imputado.-

Así las cosas, un juego armónico de ambos principios

analizados lleva a que, en casos como el presente, en los cuales la

valoración de la prueba con perspectiva de género y la argumentación que

sobre ella se construye no resultan constringentes, unívocas y

unidireccionales para sostener una postura condenatoria, deba imponerse

la absolución del acusado, por imperio del principio in dubio pro reo.-

-II y IIIEn cuanto a los interrogantes atinentes a la calificación

jurídico-penal de los hechos y a la pena aplicable, habida cuenta de que

─conforme a lo sostenido en la sección precedente─ el tribunal entiende

que el Ministerio Público de la Acusación no ha probado debidamente la

plataforma fáctica sobre la cual pretendió erigir su teoría del caso, resulta

absolutamente ocioso formular cualquier consideración al respecto, razón

por la cual nos abstendremos de hacerlo.-

-IVRestando tratar solo uno de los puntos propuestos

─esto es, la imposición de costas─, el artículo 448 de la ley adjetiva

establece el criterio objetivo de la derrota, según el cual deberá cargar con

los gastos causídicos quien resultare vencido en el proceso, admitiéndose

únicamente dos excepciones, las cuales, como tales, deben ser de

interpretación restrictiva. En cuanto a la excepción del inciso primero del

referido artículo, la misma no resulta aplicable por no haberse producido

en autos el reconocimiento oportuno de la vencida de las pretensiones de

la contraria.-

Respecto a la segunda excepción contenida en la

norma analizada, tampoco resulta aplicable, toda vez que “la sola creencia

subjetiva del litigante de la razón probable para litigar no es por sí

suficiente para eximir del pago de las costas, pues es indudable que todo

aquel que somete una cuestión a los tribunales de justicia, es porque cree

tener la razón de su parte, mas ello no lo exime del pago de los gastos del

contrario si el resultado del juicio no le es favorable”.

Por lo expuesto, en base a las disquisiciones de hecho y

derecho vertidas en los parágrafos precedentes, y conforme a lo normado

por el art. 334 del Código Procesal Penal, por unanimidad y en nombre del

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, este tribunal pluripersonal;

RESUELVE:

1. Absolver a la imputada Liliana Graciela DÍAZ,

DNI n.° 17 111 459, demás datos obrantes en autos, de la presunta

comisión de los delitos de coacciones agravadas por ser cometidas con la

participación de un menor de dieciocho años y sustracción y retención de

una persona con el fin de obligar a la víctima a hacer algo contra su

voluntad, agravado por la edad de la víctima, por el vínculo con esta, por la

cantidad de partícipes y por la intervención de un menor de edad;

atribuidos ambos hechos a la imputada en calidad de coautora y en

concurso real entre sí (artículos 149 bis ─último párrafo─, 142 bis ─incisos

1.°, 2.° y 6.°─, 41 bis, 45 y 55 del Código Penal).-

2. Absolver al imputado Manuel Alcides DÍAZ, DNI n.°

16 389 111, demás datos obrantes en autos, de la presunta comisión de los

delitos de coacciones agravadas por ser cometidas con la participación de

un menor de dieciocho años y sustracción y retención de una persona con

el fin de obligar a la víctima a hacer algo contra su voluntad, agravado por

la edad de la víctima, por el vínculo con esta, por la cantidad de partícipes y

por la intervención de un menor de edad; los cuales le fueron atribuidos a

ambos imputados en calidad de coautores y en concurso real entre sí, y ─a

su vez─ en concurso ideal con el delito de desobediencia (artículos 149 bis

─último párrafo─, 142 bis ─incisos 1.°, 2.° y 6.°─, 41 bis, 239, 45 y 55 del

Código Penal)

2. Imponer las costas del proceso al Ministerio Público

de la Acusación.-

Protocolícese el original, agréguese la copia, notifíquese y

comuníquese, librándose los oficios que hubiere menester; todo ello a

cargo de la Oficina de Gestión Judicial del Distrito Judicial N.° 13 – Cuarta Circunscripción, con asiento en esta ciudad de Vera.-

28 sept. 2021, by: FM 98.3

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