Más de 500 líderes sociales y 278 excombatientes asesinados a cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz
Cinco años de la firma del Acuerdo: protección de líderes sociales como principal reto en el país
Se cumplen cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc; desde entonces, varios hechos políticos y sociales han marcado la implementación de dichos acuerdos y la situación de orden público en diferentes zonas del país. Siendo regiones como el Catatumbo, Bajo Cauca y norte de Antioquia, los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, y la zona limítrofe entre Meta y Caquetá, donde la situación se hace más compleja.
La Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas reporta que desde 2016 alrededor de 500 líderes sociales y 278 excombatientes de las Farc han sido asesinados. Estos hechos se han registrado en 131 municipios de 23 departamentos del país.
Por otra parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, registra 72 masacres en 2021, las cuales han dejado como saldo 258 personas asesinadas. A pesar de estas cifras, para Camilo González Posso, presidente de dicho instituto, los resultados que ha dejado el acuerdo son más que evidentes.
“No podríamos decir que estamos en la misma guerra. Pasamos de una situación de guerra en los años 90 e inicios de este siglo, a una situación de confrontaciones armadas focalizadas y sin que exista una situación general de guerra en Colombia”, señala González Posso.
A propósito de estas cifras y las zonas más críticas en orden público del país, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la disputa por las rutas y el control territorial en regiones con presencia de grupos dedicados al narcotráfico son las principales causas de la violencia en contra de líderes y excombatientes.
El jefe de la cartera de defensa recalca que “el 60% de los homicidios a líderes sociales en el país son cometidos por grupos armados residuales, entre los que se cuentan disidencias de las Farc, Eln y Clan del Golfo en su disputa por las rentas criminales. Es decir, que es el narcotráfico el que genera esa violencia en contra de líderes sociales.”
Sobre la problemática de los asesinatos a líderes sociales, Carmen Eugenia Jembuel Quiguanas, consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, una de las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, manifiesta que “no es fácil ser líder en un departamento donde asesinan, donde presionan y amenazan, pero esa es la tarea que nos han encomendado nuestras comunidades y debemos seguir”.
Para Indepaz, la demora en la llegada del Estado en las zonas donde en su momento hizo presencia la exguerrilla de las Farc ha sido uno de los principales motivos para que la implementación de los acuerdos y la paz no se haga efectiva en estas zonas.
“El Estado no llegó a la velocidad necesaria, y llegaron más rápido las mafias, los narcotraficantes y las nuevas organizaciones armadas; entonces tenemos territorios en disputa que es donde se manifiestan intensamente indicadores graves de violencia”, indicó el presidente de este instituto.
Queda poco menos de un año para que termine el mandato del actual gobierno del presidente Iván Duque. Tanto desde el Ministerio de Defensa, como de ONG y líderes de comunidades étnicas en las regiones con situaciones más complejas en temas de orden público, coinciden en que los principales retos en seguridad están relacionados con la lucha al narcotráfico y la protección de líderes sociales y excombatientes que se acogieron a los acuerdos de paz y siguen apostándole a su reintegración a la vida civil.
El Acuerdo de Paz que no acabó el conflicto
“Lo que mal comienza, mal acaba…”. Ese es uno de los refranes más repetidos en nuestro país. Y no son pocos los que lo traen a colación en estos días al cumplirse cinco años de la primera firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc así como de la votación del plebiscito refrendatorio en el que el No triunfó cerrada y sorpresivamente.
Aquel 26 de septiembre de 2016, cuando Santos y la cúpula de la guerrilla suscribieron, en medio de un ambiente festivo y esperanzador en Cartagena, rodeados de personalidades internacionales, encabezadas por el propio secretario general de la ONU, el acuerdo al que llegaron tras varios años de accidentada negociación en La Habana, pocos sospechaban que una semana después (2 de octubre) el pacto sería negado en las urnas.
Vendría después -mediando el anuncio del Nobel de Paz al mandatario colombiano- un no menos traumático proceso de diálogos entre los líderes del Sí y el No para tratar de reformar el Acuerdo de Paz. Proceso que, sin embargo, se truncó también sorpresivamente cuando la Casa de Nariño se levantó de la mesa instalada con el uribismo y otros sectores críticos de la negociación, prefiriendo acudir de nuevo a La Habana y pactar a las volandas unos pocos cambios con la delegación de las Farc, dando por cerrado, otra vez, el acuerdo. El mismo que volvería a ser firmado, por segunda ocasión, el 24 de noviembre en el Teatro Colón.
Pese a que desde muchos sectores políticos, económicos y sociales e institucionales se advertía la gravedad que significaba desconocer el dictamen de las urnas, Santos decidió acudir a una inédita y controversial refrendación parlamentaria del Acuerdo de Paz, entre el 29 y 30 de noviembre.
Todo ese maremagno de acontecimientos no hizo más que profundizar la polarización del país en torno a críticos y partidarios del acuerdo. Muchos analistas y voceros de distintas instancias nacionales sostenían que si bien los ánimos estaban muy caldeados en ese momento, con el pasar de los meses e incluso de los años esa división nacional sería superada y, al final, ambos bandos terminarían por aceptar que firmar ese pacto era lo mejor para el futuro colombiano y los contradictores terminarían por aceptar, a regañadientes, esa realidad.
Pero no fue así. De hecho, el primer gran termómetro de la persistencia de esa polarización fue el mapa político que configuraron las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018. Comicios en donde los candidatos que llegaron a la segunda vuelta, el uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro, eran claramente abanderados de esa polarización alrededor del acuerdo, resultando ganador el primero, quien entre sus principales promesas de campaña planteaba, precisamente, reformar todo el pacto, disminuyendo sustancialmente las prebendas jurídicas y políticas a los desmovilizados y sus cabecillas…
Las evidencias
Hoy, cinco años después, esas previsiones sobre bajar los ánimos y que se encontrarían puntos de consenso alrededor del pacto ya en aplicación, es claro que resultaron fallidas. De hecho, aunque ya no ocupa el primer lugar en las prioridades nacionales, desplazado por la pandemia, la inseguridad urbana y el desempleo, la discusión sobre las opciones de salida militar o negociación política a la situación de violencia armada continúa polarizando a los colombianos.
Y ello se debe a que una de las pocas coincidencias entre partidarios y detractores del acuerdo de La Habana es que pese a que se le vendió al país como una fórmula para superar y terminar el conflicto armado de forma definitiva, esto no ocurrió.
Las pruebas están a la vista: la guerrilla del Eln no solo quedó por fuera de las tratativas del gobierno Santos con las Farc, sino que el incipiente proceso de paz que esa administración le ‘heredó’ a la de Duque se terminó rompiendo en enero de 2019 cuando esa facción perpetró un atentado terrorista en la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá. Desde entonces, los elenos se han radicalizado aún más, tienen mayores nexos con el narcotráfico y utilizan a Venezuela como retaguardia estratégica, con la complicidad de la dictadura chavista.
Más grave aún es que se vino a descubrir con el paso de los años que las Farc no se desmovilizaron en su totalidad, ya que una facción compuesta por no menos de 1.000 o 1.500 hombres-arma, con alias ‘Gentil Duarte’ a la cabeza, se apartó del proceso antes de su firma, pero ni la guerrilla como tampoco el gobierno Santos lo admitieron en su momento.
Pero ese bloque de disidentes no es el único problema. También se ha presentado un fenómeno de reincidencia, es decir guerrilleros desmovilizados que volvieron a la ilegalidad. Este grupo está encabezado nada menos que por el exjefe negociador subversivo en La Habana, alias ‘Iván Márquez’, y otra serie de excabecillas, que también se refugian en Venezuela, protegidos por el chavismo.
Las cuentas de las Fuerzas Militares calculan que entre disidencias y reincidencias habría hoy por hoy no menos de cuatro mil hombres-arma, algo así como la mitad del pie de fuerza subversivo que se desmovilizó efectivamente.
A lo anterior se suma que la competencia de elenos, grupos exFarc y bandas criminales de alto espectro (‘Clan del Golfo’, ‘Caparros’ y otros) por los corredores del narcotráfico, minería ilegal, contrabando de madera y otros delitos, generó un reciclaje de la violencia que está aumentado mes tras mes y se refleja en más homicidios de civiles, desmovilizados y líderes sociales así como en un pico de masacres, terrorismo, desplazamiento forzado, récord de narcocultivos (245 mil hectáreas al cierre de 2020) y exportación de cocaína (más de 1.100 toneladas métricas), entre otros delitos.
El otro eje incumplido
Visto que no se cumplió ese objetivo principal de la “terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, entonces el análisis debe dirigirse a qué pasó con el otro gran eje del proceso: la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas de las Farc.
Las conclusiones no son difíciles de encontrar: el sistema de justicia transicional no ha emitido una sola condena a los guerrilleros desmovilizados de las Farc cinco años después de firmado el Acuerdo de Paz. El volumen y valor de los bienes entregados por la exguerrilla para reparar a las víctimas es insuficiente. Los cabecillas desmovilizados siguen participando en política y están a punto de terminar su primer periodo en el Congreso sin haber pagado un solo día de cárcel ni haber ejecutado algún tipo de acción de justicia restaurativa y reparadora. Todo ello mientras los más de 8 millones de víctimas siguen esperando la verdad y la justicia, en tanto que las 16 curules creadas para ellas en el Congreso apenas si se van a empezar a elegir en marzo próximo…
Entonces…
Ahora, si bien hay cierta coincidencia en el diagnóstico sobre lo que ha pasado cinco años después de firmado el pacto y votado el plebiscito refrendatorio, no así en la distribución de culpas y responsabilidades.
Para los defensores del acuerdo, este sí ha demostrado ser útil y ponen como primer elemento las miles de muertes que el país se ha ‘ahorrado’ por cuenta de la salida del escenario de no menos de once mil guerrilleros de las Farc.
También aducen que muchas de las falencias del pacto se deben a que el gobierno Duque no ha sido eficaz en la implementación del mismo, sobre todo en el aspecto de inversión social en zonas de conflicto, presencia activa de la Fuerza Pública para evitar que otros grupos se tomaran las regiones de donde salieron los reinsertados y ausencia de voluntad política para apoyar el funcionamiento de todo el sistema de justicia transicional…
Y en la otra orilla están los críticos del pacto de paz, según los cuales este hizo agua porque no cobijó ni siquiera al 50% del pie de fuerza subversivo, implantó un sistema de impunidad judicial y prebendas políticas a los cabecillas desmovilizados, no tiene elementos que permitan forzarlos a contribuir efectivamente con la verdad, justicia y reparación para las víctimas… Todo ello sumado a una débil estructuración y financiamiento que le tocó arrancar de cero a esta administración, que ya ha logrado avances sustanciales y billonarios al respecto…
Las mismas discusiones de cinco años atrás, salvo que ahora ya no se basan en proyecciones e hipótesis, sino en realidades y evidencias que cada cual interpreta a su criterio para fortalecer su postura y debilitar la del contrario…
Como se ve, cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz del gobierno Santos y las Farc el país sigue polarizado en un debate que no pudo zanjar la implementación del mismo. Y esto se debe, principalmente, a que el pacto de paz no acabó la guerra.
Por Juan José Macía
