El Gobierno creó una Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales
La misma está incluida dentro del Ministerio de Seguridad y estará a cargo de una Mesa de Evaluación de este tipo de ilícitos. Entre otras cosas, su objetivo es elaborar mecanismos de lucha y prevención al respecto.
El Gobierno nacional oficializó este lunes la creación de la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales para contribuir en la «detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales» tanto en el territorio nacional como en «espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional», se informó oficialmente.
A través de la Resolución 19/2023, publicada este 16 de enero en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso la puesta en marcha de la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, que conduce Aníbal Fernández.
La resolución establece, entre los objetivos de la nueva área, «coadyuvar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales que se desarrollen dentro del territorio nacional ya sea que afecten la flora, fauna, suelo, aire, aguas y/o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional».
La nueva unidad tendrá también la tarea de «recolectar y sistematizar información sobre los delitos ambientales cometidos en el territorio nacional, proveniente tanto de fuentes abiertas, como de las fuerzas policiales y de seguridad federales», además de «desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan de insumo para el trabajo en el ámbito de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales y a solicitud de otras áreas» de la cartera de Seguridad.
A través de esta unidad también se buscará elaborar un «mapa de situación, a fin de detectar ‘zonas calientes’, individualizando los delitos por zonas con la finalidad de proponer medidas tendientes a la prevención de los ilícitos ambientales».
El organismo encargado de designar al titular de esta nueva división será la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, que tendrá bajo su cargo la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales, conformada por «todo personal de entidades estatales, nacionales o provinciales y/u organizaciones de la sociedad civil competentes en la materia cuya invitación se encuentre fundada conforme a la problemática tratada».
Entre los miembros que integrarán dicha mesa se encontrarán representantes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, de la Dirección de Investigación de Delitos Federales, de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y de las áreas especializadas en materia ambiental de las fuerzas federales.
En este sentido, cada fuerza deberá designar dos representantes para formar parte de la mesa. Uno será el titular, debiendo tener un rango no inferior a Oficial Jefe o su equivalente, y otro que será el suplente, el cual podrá tener un cargo inferior.
Entre sus argumentos, la resolución da cuenta de que «los delitos ambientales afectan la preservación, conservación y recuperación de los recursos ambientales y de la diversidad biológica generando un daño que modifica negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos provocando un perjuicio en la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras».
Y concluye alegando que «es necesario contar con un espacio común de abordaje a la temática delictiva, con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos ambientales».
