Litio: mientras México lo nacionaliza, los gobernadores argentinos lo entregan por migajas

La reciente nacionalización -a medias- impulsada por López Obrador expone cómo uno de los principales recursos estratégicos es rifado en nuestro país. Las nuevas zonas de sacrificio, sin desarrollo propio ni perspectiva popular de la explotación del mineral.

“Lo que estamos haciendo ahora es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la Nación, del pueblo de México, de ustedes, de todos los que viven en esta región de Sonora”, dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Cómo suele ocurrir en los discursos políticos, la frase contiene una porción de verdad y una gran carga de falsedades. En principio, el decreto presidencial anunciado el pasado sábado 18 de febrero, establece la creación de una reserva minera de 235.000 hectáreas en el estado norteño fronterizo con los Estados Unidos para la explotación del litio. A su vez, la medida establece que no se van a retirar las concesiones ya otorgadas, decisión que preserva los intereses de la empresa china Ganfeng Lithium con el emprendimiento más desarrollado de la región.

“La nacionalización en realidad viene a afianzar lo que ya había sucedido a fines del año pasado con la declaración del litio como material estratégico y se guarda a manos del Estado los nuevos descubrimientos, pero no ocurre lo mismo con lo que ya está en manos de Ganfeng en Sonora, hasta ahora el principal reservorio del mineral; la expectativa es que haya reservorios similares en la zona, dado que geológicamente guarda una similitud con las reservas que tiene Ganfeng, y que sí quedarían en manos estatales”, sostiene en diálogo con Canal Abierto Bruno Fornillo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de París 8, especializado en la geopolítica del litio e integrante del Grupo Geopolítica y Bienes Comunes.

La reciente decisión de AMLO (como se conoce a López Obrador) complementa una estrategia que incluyó la modificación de la ley minera –declarando el litio patrimonio de los mexicanos–, la creación en agosto de 2022 de la empresa semipública LitioMx y el anuncio del Plan Sonora –proyecto que incluye la explotación, aprovechamiento, administración, e incluso el control de las cadenas de valor del mineral.

“Inicia un proceso de exploración, de desarrollo tecnológico para tener la materia prima, también con el propósito de que se instalen plantas para la elaboración de baterías”, señaló el mandatario mexicano en la misma ocasión.

Según relevamientos geológicos, México podría disponer con reservas de 1,7 millones de toneladas de litio, aproximadamente el 2% de las existentes en el planeta. Según estimaciones de mínima, nuestro país cuenta con al menos el 10% de las reservas globales de este “oro blanco”.

Mientras tanto…

“Acá tenemos gobiernos provinciales que de manera corrupta forman parte del entramado corporativo y, en función de eso, regalan el recurso a las grandes corporaciones y un gobierno nacional timorato, débil, incapaz de hacer fuerza para generar un esquema que sea más soberano en sus líneas generales. El gobierno no quiere enemistarse con los gobiernos provinciales, y de ese modo estabiliza una política conservadora… finalmente tenemos un gobierno conservador”, analiza el investigador del CONICET.

“Nosotres, en relación al litio, tenemos la hipótesis de que es el peor de todos los gobiernos porque nunca se expandieron tanto las empresas trasnacionales como en el gobierno de Alberto (Fernández). Hasta ahora, son dos los proyectos en operación pero hay diecisiete en gateras: una vez que empiecen a operar, va a ser muy difícil volver atrás la situación”, sostiene Fornillo.

Pese a las medias tintas, el gobierno mexicano comienza a esbozar un camino de recuperación del mineral para la economía nacional y de desarrollo tecnológico asociado para no ser una mera zona de sacrificio, y así adquirir y desarrollar la tecnología asociada a la industria automotriz, al menos como posibilidad. En cambio, en Argentina todo el andamiaje legal está a favor de la trasnacionales y sus cónsules al frente de las gobernaciones.

“El esquema jurídico político soportado en la ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196 de 1993, corregida por Cavallo en 2001), en el Código de Minería y en la Constitución del 94 que provincializa los recursos, es un armazón neoliberal: las mineras tienen tanto poder, reparten plata por todos lados y tienen voceros específicos, es realmente una situación deleznable”, apunta el investigador.

La citada Ley busca promover la inversión reduciendo el riesgo empresarial en sus primeras etapas y garantizando la estabilidad tributaria por 30 años. El marco normativo federal se complementa con legislaciones impositivas, ambientales de las administraciones provinciales, que son las autoridades competentes para otorgar concesiones mineras.

El litio fue nacionalizado en Bolivia hace casi 15 años. En Chile, dueña de las mayores reservas mundiales del mineral –alrededor de un 25%– la discusión está abierta: la fallida Constituyente había planteado nacionalizar la explotación del mineral y el gobierno ultima detalles para la creación de una empresa nacional que conduzca un proceso mixto que combine iniciativa privada y gestión pública. En la legislación de todos los países que cuentan con reservas -Brasil, Chile, Bolivia y México, a excepción de Perú- es considerado un recurso estratégico nacional. “Es triste la situación en Argentina, comparada con otros países de América Latina, es el peor país en ese sentido”, concluye Fornillo.