DESPUÉS DE 33 AÑOS SE CERRÓ LA CAUSA POR CORRUPCIÓN DE YACYRETÁ

Tras no ser apelado un fallo de casación, se cerró formalmente la causa conocida como "Monumento a la Corrupción" por supuestos pagos de coimas en la construcción de la represa de Yacyretá.

Fue la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá, la obra civil más importante del país por la que se sospechó que hubo corrupción por más de 191 millones de pesos y cuya investigación judicial comenzó en octubre de 1989.

Los tres empresarios que estaban acusados quedaron definitivamente sobreseídos luego de un fallo de fin de año de la Cámara Federal de Casación Penal que no fue apelado para que sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informaron a Infobae fuentes judiciales. La medida alcanza a los empresarios Guillermo Henin, Gianfranco Rizzo y Robert Ortega.

Antes de su inauguración ya tenía una causa judicial. El 14 de octubre de 1989 el contador Antonio Casanova denunció que se habían cobrado de manera ilegal el 15 por ciento de reembolsos impositivos por el hormigón que se usó para la construcción de la represa. Lo mismo había ocurrido con el 25% de los neumáticos utilizados en la obra. El fraude total al Estado llegaba a 191.004.275,394 de dólares.

Así como demoró la obra, demoró la causa. El expediente primero fue declarado prescripto. La Cámara Federal confirmó una parte de la prescripción y ordenó que se investigue el resto. Los acusados fueron procesados, pero después sobreseídos y nuevamente procesados. En 2017, Henin, director de Dicmar SA, Rizzo, representante de Impregilo SA, una de las empresas contratadas, y Ortega, a cargo de las adjudicaciones, fueron enviados a juicio oral. En 2019, el Tribunal Oral Federal inició el proceso.

La causa es tan vieja que muchos documentos que recopiló la Justicia están en australes -la moneda que luego fue reemplazada por el peso en 1991- y varios de ellos tuvieron que ir a buscarse a viejos archivos de la administración pública de lo antiguos que eran. Cuando se inició el caso no existían lo que hoy son los tribunales de Comodoro Py y tramitó bajó el viejo Código Procesal Penal.

El fiscal federal Abel Córdoba y el abogado José Manuel Ubeira -representante del denunciante Casanova- entendieron que las acusaciones estaban probadas y pidieron condenas de entre cuatro y cinco años de prisión y la querella de entre cinco y seis años.

Los tres acusados fueron absueltos en noviembre de 2020. El juez Guillermo Costabel consideró prescripta la causa. Sus colegas Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado absolvieron de culpa y cargo a Ortega y por el beneficio de la duda a Rizzo y Henin. El voto de la mayoría hizo referencia a la extensión del caso y hablaron de “la erosión causada por el transcurso del tiempo sobre el plexo probatorio”.

Tanto la Fiscalía como la querella apelaron el fallo. Y el 26 de diciembre del año pasado los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques confirmaron los sobreseimientos.

Ante ese fallo quedaba la instancia de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de Ubeira como querellante y del fiscal de Casación Javier De Luca. Pero ambos entendieron que en el caso no aplicaba la posibilidad de presentar un recurso extraordinario federal para acudir al máximo tribunal, donde el tiempo del expediente se podría extender por varios años más -ya que no tiene plazos para resolver- con pocas chances de que las absoluciones sean revocadas. Así, quedaron firmes y la causa cerrada después de 33 años.