“La sociedad civil que hoy marcha por Loan, está reclamando de fondo fortalecer las políticas públicas”

Carrano es sociólogo de la UBA y, entre otras cosas, diplomado en Estudios y Políticas de Juventud en América Latina por FLACSO. Para él, el caso de Loan puso en alerta a la sociedad civil sobre la necesidad de más derechos para los niños, niñas y adolescentes. 

Sebastián Carrano es sociólogo y especialista en estudios y políticas de juventud. Asesora a los ministerios de Educación y Salud en políticas pedagógicas, de salud mental y adicciones. Con él abordamos el contexto social en el que ocurre el caso de Loan Peña, que conmociona al país.

¿Cuál es el estado de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Corrientes y Argentina? ¿Cuáles son sus principales vulnerabilidades? ¿Cómo afecta la situación socioeconómica del país en la infancia y adolescencia? ¿Qué iniciativas existen y qué falta para abordar esta problemática?

De eso y más hablamos en esta entrevista realizada en los estudios de El Litoral Radio. 

Sebastián, ¿qué es el caso Loan para vos? ¿Qué es lo que está mostrando este caso más super estructuralmente? 

Yo pertenezco a la Red por los Derechos de las Niñeces, Adolescencias y Juventudes de la provincia, la Rednaj, que está integrada por distintas organizaciones de la sociedad civil a las que nos atraviesa un objetivo que es la defensa de los derechos de las niñeces y adolescencias. Y desde mi pertenencia a la Red, pero también desde mi trayectoria tanto en Buenos Aires como acá, creo que hay una mirada de fondo más integral. Es una mirada que se separa un poco del caso de Loan, aunque no del todo, pero que nos permite pensar cuál es la estructura de fondo. La sociedad civil que se está movilizando en toda la provincia, lo que está reclamando de fondo es fortalecer la política pública provincial en todo sentido. No sólo en cuestiones de seguridad. 

Creo que hay que fortalecer las políticas públicas que tienen que ver con el acceso a derechos en general de la sociedad, y específicamente de la niñez y adolescencia. 

Hay muchas de estas familias y vecinos que salen a reclamar por Loan que también están cuestionando que algo tiene que cambiar. Cambiar en cuanto a que no tengamos que llegar tarde como sociedad ni como Estado a las situaciones que ya se empiezan a vislumbrar de vulneraciones y acceso a derechos. Ya sea a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a la alimentación. Me parece que se está reclamando eso de fondo, poder fortalecer lo que es la promoción de derechos. Garantizarlos antes de que necesitemos llegar a una situación de emergencia.

La desaparición de Loan se da en un contexto. Se puede decir en un esquema sociocultural donde algunas prácticas y condiciones sociales se dan para que la circulación de niños ocurra. Cosas que hay que entender para saber cómo abordar las situaciones y modificarlas. 

Sí, yo creo que está la cuestión identitaria de lo cultural, pero también parte de lo cultural es la presencia o no del Estado. 

Pensando en esta lógica de la crianza y del cuidado o de prácticas que quedaron de otra época, hay familias que hoy en día en Corrientes y en el país en general, pueden brindarle un cuidado y una crianza a sus hijos garantizándoles el acceso a todos los derechos que les corresponde. Todo un entorno afectivo, incluso la comunidad incluida. Pero también sabemos que vivimos en una provincia y un país muy desigual, con un nivel de pobreza muy importante. Hay familias enteras en situación de pobreza. Hoy 6 de cada 10 niños y adolescentes en el país están en una situación de estas. 

En ese sentido me parece que más allá de la cuestión del contexto sociocultural, creo que al Estado le corresponde, -cuando hablo de que todos somos parte del Estado y corresponsables de que se garanticen los derechos de todos y todas- una mayor responsabilidad. Cuando hablamos de la circulación de niños hay que revisarlo no sólo desde el ámbito de la seguridad, sino tener una mirada más integral. 

¿Ustedes están peleando por una Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y una designación? 

Sí. En 2007 la provincia adhiere a la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos, pero no saca su propia ley. Y sabemos que cada jurisdicción tiene su propia lógica, estructura, presupuesto. Entonces lo que Corrientes no tiene es una estructura con un presupuesto o un plan estratégico para abordar estas cuestiones de política pública de niñez y adolescencia donde haya fuertes programas de promoción de derechos. En ese sentido, la figura del defensor o defensora provincial de derechos, si hoy estuviese designado en la situación de Loan, hubiera podido acompañar ese proceso. No intervenir directamente porque sería un organismo de segunda instancia, pero sí podría haber acompañado todo este momento. Estar atento a lo que fue la Alerta Sofía, a los distintos actores que intervienen y poder dar recomendaciones. Entonces era un organismo más que podía velar por la protección de los derechos de Loan, por ejemplo. 

En el caso de la provincia, me dijiste que hay algunos déficits. Y a nivel argentino, ¿cómo es el estado de los derechos de los niños y adolescentes? 

Hoy en día este gobierno nacional está poniendo en jaque muchos de los avances. Si bien tenemos una ley nacional, un despliegue del sistema de protección integral de derechos en todo el país, tiene sus desafíos pendientes. 

Esto que planteamos de más política pública para promocionar y garantizar derechos, no es algo solamente que exigimos para Corrientes, sino que es una problemática a nivel nacional. No podríamos jamás naturalizar que haya 6 de cada 10 niños y adolescentes que estén en una situación de pobreza. Hoy en día, este gobierno nacional está avanzando sobre políticas públicas que garantizaban derechos desde la óptica, no solo de trabajar cuando ya el derecho estaba vulnerado, sino en la promoción y en la prevención. Me parece que eso complica más la situación de las niñas, niños y adolescentes. No estábamos en una buena situación y esto creo que se agravó y se va a agravar aún más.

¿Cuáles son las principales vulnerabilidades que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en la Argentina hoy?

Y hoy tenemos la cuestión del hambre y los niveles de pobreza. Si no alcanza el ingreso en una familia, eso impacta sobre la alimentación que tiene que recibir un niño, niña o adolescente en plena etapa de crecimiento. Que haya algunos chicos que sí puedan acceder y otros no, es gravísimo porque implica una desigualdad en el acceso a derechos. La continuidad educativa es otro tema. La pandemia nos vino a mostrar que hay mucha asimetría y muchos niños y adolescentes no pueden tener continuidad escolar porque tienen otras necesidades. El acceso a la salud y a la salud mental. También a una vivienda digna. Alrededor de 9.000 niños hoy están separados de su familia, alojados en dispositivos de cuidado, u hogares. Pero también otros con familia ampliada. Es decir, con un tío. Eso hay que trabajarlo, no podemos dejar de garantizar a ningún niño y niña o adolescente el derecho a vivir en familia.

¿También hay que revisar las normas de adopción legal en Argentina o no? Porque hay como cierto sentido común que habla de muchas trabas, mucho tiempo de espera, etc. 

Sí, eso es un mito en realidad. En Corrientes, por ejemplo, la cantidad de legajos de familias que son pretensos adoptantes es mínima. Y esa cantidad de legajos que es mínima además está atravesada por ciertas condiciones de parte de las familias. Para nosotros es muy reciente la adopción de Lucio que nosotros la celebramos porque eso fue por una convocatoria pública. Hoy en día vemos muchas de estas convocatorias públicas y es una herramienta que está bien. Pero lo que nos tenemos que preguntar es cómo llegamos a que un adolescente que estuvo años institucionalizado todavía no fue adoptado. Esto pasa en todo el país. Son chicos que entran a los hogares con cinco o seis años y transcurre diez años su vida en un hogar. Y algunos como Lucio tienen la posibilidad de ser adoptados y otros no, y egresan con 18 años de edad y salen a un mundo que realmente después de estar tantos años institucionalizado necesitan un apoyo, necesitan un acompañamiento y muchas veces no lo tienen. 

 ¿Cuál es el rol que desempeñan estas redes, el Rednaj (Red por los Derechos de las Niñeces, Adolescencias y Juventudes) y el Rotnaj (Red de Organizaciones Sociales de Niñez y Adolescencia Territorial)? 

Para mí tienen un rol fundamental. Acá la sociedad civil organizada buscamos poder desplegar ciertos trabajos donde el Estado no llega. Pensamos en convenios, en articulación con la sociedad civil, para poder garantizar derechos. Muchas veces lo que sucede es que las situaciones en los barrios están más observadas, más monitoreadas y más trabajadas por las organizaciones de la sociedad civil que por el Estado. A veces los municipios, por ejemplo, no tienen la estructura para desplegar políticas públicas a nivel local que son necesarias, entonces la sociedad civil tiene ese rol también. Estar atentos y decirle al Estado, “juntémonos, veamos esto” y marcarle también un poco la agenda de situaciones que no se están pudiendo abordar de la mejor manera posible. 

Según tu experiencia, ¿hay algo que sea exitoso de lo que se esté haciendo aquí en la provincia de Corrientes?

Es una pregunta difícil porque hoy en Corrientes se está trabajando en términos de niñez y adolescencia más en la protección de derechos una vez que fueron vulnerados. Si hago una mirada para atrás lo que creo que se está haciendo bien es que el Estado de Corrientes tiene un diagnóstico mucho más visible y más visibilizado por la sociedad civil.

El Estado, tanto ejecutivo como el legislativo, con esto que pasó con Loan como con Claudio Flores que es un adolescente de 15 años que falleció en un hogar de niños que depende del Estado en la localidad de Virasoro en 2022, están haciendo que la provincia y la sociedad empiezan a visibilizar a la niñez y adolescencia. Ahora el desafío final es ponerlo en agenda realmente con políticas públicas, con leyes. 

Por Eduardo Ledesma

Versión gráfica: Belén Da Costa