Ambientalistas, los enemigos nuevos de Milei y los peligros más temidos que entraña la Ley Bases
El presidente Javier Milei eligió un nuevo enemigo en su batalla contra los disidentes del proyecto neoliberal libertario: los activistas por el medioambiente. “Los políticos han escuchado más la demanda de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros, que las necesidades de prosperar que tienen los argentinos”, disparó durante el discurso que pronunció el 9 de julio en la provincia de Tucumán en el marco del acto protocolar por el día de la independencia y con motivo de la firma del postergado Pacto de Mayo.
Escoltado por 18 gobernadores y por los ex presidentes Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá, el mandatario se mostró exultante con la aprobación de la Ley Bases y dedicó un párrafo completo de su alocución a ensalzar las bondades de la explotación de los recursos naturales con escasas restricciones estatales: “La naturaleza debe servir al ser humano y a su bienestar; no a la inversa”, manifestó en uno de los fragmentos más provocativos. También cuestionó las trabas a la explotación en la plataforma marítima nacional y puso a Chile como ejemplo de la producción de cobre en la cordillera.
En efecto, la nave insignia de La Libertad Avanza aprobada en el Congreso atenta contra el principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú al que adhirió nuestro país en el 2020, y privilegia a las actividades económicas primarias y extractivas a manos de fondos que podrán desembarcar en Argentina alentadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según Rodolfo Martínez, integrante de la Multisectorial Humedales, “vamos a permitirle a empresas extranjeras cosas que no pueden hacer los argentinos”.
No obstante, en el proceso de discusión parlamentaria fueron suprimidos algunos aspectos particularmente peligrosos como el artículo 163, que en su versión original establecía la “nulidad absoluta e insanable” de cualquier norma nacional o provincial que obstaculice la instrumentación del RIGI. En la votación final, la redacción del texto insta al Poder Ejecutivo a dictar una legislación ambiental que contemple “prácticas internacionales de gestión ambiental” para las tareas de explotación de hidrocarburos con el objetivo de lograr un adecuado cuidado del ambiente.
El caso contrario hubiera significado una abierta violación al artículo 124 de la Constitución Nacional que reserva a las provincias “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Además, fue eliminado del artículo 3 la posibilidad de avanzar en la disolución de organismos gubernamentales tales como la Administración de Parques Nacionales, el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, entre otros. Sin embargo, el artículo 6 habilita al presidente a intervenirlos por el plazo de un año.
En tanto, el artículo 5 de la Ley Bases autoriza al Ejecutivo Nacional a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos” con la sola exclusión del dinero destinado a los subsidios para el consumo residencial de gas. Entre los que sí podrán desaparecer se cuentan al Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo Nacional de Manejo del Fuego y algunos otros vinculados al desarrollo de energías renovables según consigna el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En una carta enviada a legisladores nacionales, más de 50 organizaciones vinculadas al ambientalismo indicaron que el recorte de los fondos comenzó incluso antes de la sanción de la ley a través del congelamiento de la partida correspondiente al Fondo para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos: “A marzo del 2024 tiene programado un presupuesto 18 veces menor”, aseguraron. La misma suerte corrió el Servicio Nacional de Manejo del Fuego con la ejecución de 275 millones sobre 12.101 millones que tiene asignado.
Aunque desde el Ministerio de Medioambiente y Cambio Climático de Santa Fe que conduce Enrique Estévez no hubo ninguna declaración oficial, en el entorno del socialista mantienen la vigilancia en cuanto a los puntos sensibles que pueden afectar al territorio provincial tal como la Ley de Bosques o el manejo del fuego. Cabe recordar que entre 2020 y 2023 los incendios arrasaron con 20 mil hectáreas de humedales que tardarán entre 300 y 400 años para recuperarse según detalló la organización Equística en una presentación realizada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por daño ambiental.
Un agravamiento socioambiental
Para el biólogo y filósofo Guillermo Folguera la reestructuración del Estado que promueve Milei busca transformarlo en “garante de grandes acuerdos con los grupos de especulación financiera y las corporaciones”. En lo atinente al RIGI, asegura que multiplicará las prácticas extractivistas como los negocios forestales y la mega minería de oro, plata, cobre y litio: “Esto significará un enorme despojo a nivel territorial a través de ventajas tributarias y cambiarias, con mucha opacidad en cuanto a la información y sin esperanza de consulta a las comunidades locales”, detalló.
En cuanto a las amenazas para el litoral y la región centro, el ambientalista vaticinó la multiplicación de escenarios de sequía, inundaciones e incendios, y se encargó de remarcar que estamos frente a un escenario de agravamiento de las condiciones socioambientales. “Estamos entre los 10 países del mundo más deforestados de los últimos 25 años, la mitad de las colmenas perdidas en los últimos 20 años, y cualquier estudio da entre 5 y 25 agrotóxicos presentes en los cuerpos de agua que las comunidades toman o se bañan”.
Folguera sostiene también que la Ley Bases fue escrita pensando en las provincias de Jujuy, Mendoza y Chubut por el historial de levantamientos populares que hubo en los últimos cinco años. “La situación de Mendoza no fue exactamente la misma que en Chubut pero las dos saltaron para decirle que no a la megaminería y en el caso de Jujuy a partir de la alianza entre docentes y pueblos originarios pero con epicentro en la extracción de litio en la zona de Salinas Grandes. Me parece que el poder lee que la conflictividad social amenaza con ser un elemento de resistencia”, indicó.
Un mundo que ya no existe
Rodolfo Martínez, de la Multisectorial Humedales, entiende que ubicar a las organizaciones ambientalistas “en el eje del mal” forma parte de la estrategia del oficialismo para cancelar los acuerdos en torno a la conservación de bosques, glaciares y humedales, incluso sin que el congreso haya logrado la aprobación de una ley que los proteja. “El gobierno necesita construir un enemigo para seguir conservando la legitimidad que tiene hasta ahora. Lo hicieron con los sindicatos, con los partidos tradicionales, pero nosotros contamos con el apoyo de la ciudadanía en general”, aseveró.
En la misma línea, y tras el discurso de Milei en Tucumán, un conjunto de organizaciones socioambientales cuestionaron en un documento público las amenazas del presidente y recordaron que el texto firmado por las autoridades provinciales contradice el mandato constitucional “que garantiza a todos los argentinos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”. También manifestaron que el desarrollo de actividades productivas sin control ambiental tiene un impacto negativo sobre la población por la destrucción de los ecosistemas.
“La explotación descontrolada de los recursos naturales genera más pobreza” subrayaron en otro tramo del documento y añadieron que “las afirmaciones del presidente suponen, además, un mundo que ya no existe” en relación con los desafíos para la inserción de Argentina en el mundo. En este sentido, los ambientalistas destacaron que el país necesita un pacto social y ambiental “que proponga vivir en armonía con la naturaleza y que nos lleve a un verdadero desarrollo que contemple a las generaciones presentes y también a las generaciones futuras que heredarán nuestro país y nuestro planeta”.
Por Martín Paoltroni
