Una jueza les prohibió a los medios argentinos nombrar a Jorge Lanata
Bozal a la libertad de expresión
Lucila Córdoba concedió la solicitud de la abogada Elba Marcovecchio, en medio de un escándalo de denuncias cruzadas con las hijas del periodista. Para ADEPA, se trata de “un inaceptable caso de censura judicial”.
Mientras Jorge Lanata sigue internado en la clínica Santa Catalina, la jueza Lucila Córdoba dispuso un bozal legal a la libertad de expresión y prohibió a los medios nombrar al reconocido periodista y a su actual esposa, la abogada Elba Marcovecchio.
La prohibición rige para medios gráficos, audiovisuales y digitales, en una medida que restringe las libertades de expresión y de prensa.
La jueza lo hizo por solicitud de Elba Marcovecchio, que se encuentra en medio de un escándalo de denuncias cruzadas con las hijas del periodista, Bárbara y Lola, quienes la acusaron ante la Justicia "por hurtar elementos de gran valor" y dinero en efectivo, así como afectar la salud del reconocido periodista.
"Se ordena la prohibición de la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, grafico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre al Sr. Jorge Ernesto Lanata su imagen, intimidad, situación familiar e información relativa al trámite de la presente causa", establece el oficio que libró este viernes el Juzgado Civil N°8 de Buenos Aires, secretaría N° 15.
Esa decisión generó el repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y dirigentes políticos, como la diputada del PRO Silvana Giudici (extitular del ENACOM), que destacaron el valor de la libertad de expresión y rechazaron la orden de "censura judicial", por ser una medida inconstitucional, que "representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público".
La jueza, además, dispuso una medida similar de bozal legal para que tampoco se pueda mencionar a la actual esposa de Lanata, según establece el oficio electrónico que el Juzgado Civil N° 8 envió al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para que notifique esa decisión a los medios audiovisuales.
Esta medida se enmarca en un clima de época que busca restringir las libertades de prensa y de expresión, como también lo fue el decreto que a principios de mes dictó el presidente Javier Milei para limitar el acceso a la información pública.
En su presentación ante la Justicia, las abogadas de Marcovecchio pusieron en conocimiento "la gran angustia por lo que esta pasando su cónyuge y su delicado estado de salud; así como manifiesta encontrarse ella en estado de vulnerabilidad no sólo por la condición médica del Sr. Lanata, sino también por el hecho de que todos los medios de comunicación están difundiendo la presentación efectuada por las hijas respecto de éste, exponiendo parte de su contenido y haciendo alusión a las cuestiones relativas al patrimonio de su cónyuge y lo denunciado respecto de su persona".
La medida judicial de este viernes también solicitó una evaluación médica interdisciplinaria por parte de la Clínica Santa Catalina, con el fin de determinar su capacidad psicofísica y establecer si Lanata puede tomar decisiones autónomas, como administrar su dinero, trasladarse o consentir tratamientos médicos.
Además, se ordenó a varias instituciones médicas, incluyendo el Hospital Italiano y la Fundación Favaloro, que presenten informes detallados sobre el estado actual de salud de Lanata y el tratamiento recomendado. El objetivo es garantizar que reciba el mejor cuidado posible y evaluar si su entorno actual es adecuado para sus necesidades.
Finalmente, el tribunal solicitó la intervención urgente de un equipo forense para evaluar la idoneidad del lugar de internación de Lanata y si las terapias que está recibiendo son las apropiadas para su estado.
La denuncia de las hijas de Lanata
En las últimas horas, se difundieron videos de Marcovecchio dentro de la casa del periodista, retirando dinero y objetos de gran valor. Fue en medio de una denuncia de sus hijas por faltantes en la vivienda y gastos llamativos, como "dos millones de pesos en una joyería".
Jorge Lanata con sus hijas, en una imagen de archivo.
La denuncia, que consta de 67 páginas, fue presentada ante la Justicia de Familia. Las hijas de Lanata aseguraron que la conducta Marcovecchio afectó la salud y el patrimonio de su padre.
Además, sostuvieron que la abogada y panelista televisiva mantiene con ellas una actitud confrontativa y ha alejado a Lanata de su entorno. Y también detallaron gastos considerables en tarjeta de crédito, como "dos millones de pesos en una joyería"
Bárbara, hija de Lanata y Andrea Rodríguez, y Lola, fruto de la relación del periodista con Sara Stewart Brown, destacaron que Elba no vive en el hogar de su padre, sino en otro departamento en el mismo edificio que “fue comprado en gran medida con plata de nuestro padre”.
Junto a la denuncia presentaron como pruebas audios y videos de cámaras de seguridad, donde se la ve a Marcovecchio tomando objetos del escritorio y la habitación de trabajo de su marido.
Bárbara y Lola acusaron a Marcovecchio de "hurtar elementos de gran valor" y dinero en efectivo, entre "35 y 50 mil dólares". Especificaron 42 objetos, entre esculturas, relojes, lapiceras, joyas, gemelos y certificados de autenticidad de obras de arte.
"El listado de faltantes en el domicilio de nuestro padre es triste", aseguraron en la denuncia.
En la denuncia también se citó el testimonio de un colaborador de Lanata, quien relató una llamativa actitud de Marcovecchio durante sus visitas al Hospital Italiano, donde el conductor de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) se encontraba internado.
"A pesar de conocer su estado de salud, le traía siempre cosas dulces como scons, lemon pie, tortas de Maru Botana. Ellas se las ponía delante para que las comiera. Le insistía para que las probara incluso cuando él decía que no", sostuvo el asistente de Lanata.
Lola y Bárbara, con esta presentación judicial, pidieron que se designe a otra persona para administrar los bienes de su padre, quitándole así el poder a Marcovecchio, quien actualmente posee esa facultad por ser la cónyuge del reconocido periodista.
La polémica que generó esa presentación de las hijas de Lanata hizo que los abogados de su esposa pidieran un bozal legal para que los medios gráficos, audiovisuales y digitales dejen de informar sobre esta situación; medida que fue otorgada por la jueza Córdoba, pese a que es un tema de interés público, que atraviesa una figura pública.
Un inaceptable caso de censura judicial
Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechaza enérgicamente la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 8, por la cual se prohíbe “la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre” al periodista Jorge Lanata y a su esposa.
A través de un comunicado, ADEPA consideró que "se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa. El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado".
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa. Así, por ejemplo, el caso de la película “La Última Tentación de Cristo” contra Chile", agrega el texto.
"El juez -prosigue-, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación".
"La censura judicial, en tanto puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público", concluye el comunicado.
