Dos peces con la misma red
La AFIP y el Poder Judicial de Santa Fe, abollados por el discurso anticasta. Los hechos, más allá de la humareda. El aterrizaje en la DGI y la Aduana de Los Ángeles de Santi. Pullaro contra la Corte, el pésimo servicio de justicia como argumento y la evidencia que lo desmiente. El costo para Milei y el gobernador: los hostilizados son su base electoral.
La Revolución Liberal del profeta Javier Milei y la topadora santafesina del gobernador Maximiliano Pullaro declararon sendas guerras, que prima facie lucen gananciosas, con una misma arma que hasta ahora se probó efectiva: el sonsonete de “los privilegios”, “los curros”, en definitiva “la casta” de la AFIP y el Poder Judicial de la provincia.
Desde ya que hay mucho jarabe de pico, pero funciona. En el caso del organismo recaudador, ayuda que hay mucha gente dispuesta a creer pavadas estratosféricas tales como que el cambio de nombre implica no pagar más impuestos, que los 30 palos de sueldo que cobraba la mileísta Florencia Misrahi fueron otorgados por Cristina o Massa o vaya a saber quién y que los 3 mil empleados que van cesantear son kirchneristas. Como si esto último fuera causal de despido, por otra parte.
Es enternecedora también la ilusión de que el aterrizaje de Los Ángeles de Santi en la DGI y la Aduana se explica por un presunto combate contra la corrupción. ¿Se terminan las cometas y las extorsiones o cambian de manos? Debe ser cosa de este triste columnista nomás: con certeza el despliegue caputista nada tiene que ver con el montaje de un aparato de espionaje interno y recaudación de plata negra.
También es un tantín cándido, y no precisamente por el apellido del secretario general de la Gobernación, pensar que la ofensiva de Pullaro contra la Corte Suprema está inspirada en un deseo de mejorar la calidad del servicio de justicia, que efectivamente es horripilante. Es evidente, para quien quiera verlo, que el control del máximo tribunal forma parte de un rediseño institucional que excede largamente los cuatro años de gestión.
Hay ejemplos nítidos al respecto. Días atrás asumieron los integrantes de la flamante Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, episodio que terminó opacado por el tumulto que se armó alrededor de los ministros Fabián Bastía y Pablo Cococcioni con empleados judiciales. A los nuevos jueces se los designó forzando el reglamento de los concursos, pasándose el orden de mérito por donde no da el sol e imponiendo las mayorías legislativas sin diálogo ni consenso ni ninguno de los biribiris republicanos que se suelen usar cuando es el peronismo quien gobierna. Cuando justificó los nombramientos, el titular de la cartera de Seguridad dijo: “Elegimos personas que tengan un perfil claro, moderno porque definirán las políticas penitenciarias para los próximos veinte/treinta años”. Extrapole el lector el mismo criterio a la Corte y cantará bingo.
A la salida de la asunción de los magistrados, Bastía aseguró: “nosotros no queremos cambiar la Corte para poner amigos. Lo que pasa es que eso habla más de ellos que de nosotros. Imagínense: uno ingresó porque era el primo y amigo de Reutemann, otro el abogado personal de Reutemann, otro porque se encargó de la Ley de Lemas y éste fue el premio”. Curioso argumento, si se tiene en cuenta que tanto aquella conformación del máximo tribunal como el formato electoral preferido del Lole se cocinaron en sociedad con Horacio Usandizaga, líder del sector radical en el que militaba el actual secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni.
La retórica sobre la necesaria eficientización del espantoso servicio de justicia se da de bruces, además, con otro dato de la realidad. El Ministerio Público de la Acusación fue construido desde cero por el actual oficialismo –ahora con la inclusión del PRO y un segmento celeste- y los cargos fueron cubiertos en alianza con el peronismo de Armando Traferri, hoy caído en desgracia.
Abogados del bufete del entonces ministro de Justicia Héctor Superti saltaron al Ejecutivo, elaboraron los concursos, dieron la vuelta a la mesa y se quedaron con esos lugares. Decenas de funcionarios políticos colonizaron al MPA. ¿Anduvo bien esa experiencia para el kiosquero de la esquina? No parece.
Las hostilidades lanzadas por Milei y Pullaro parecen tener un bajo costo político en relación a la magnitud de los objetivos buscados. Eso no significa que sea inocuo: no es ningún secreto que la gran mayoría del personal de AFIP y el Poder Judicial de Santa Fe votó a sus presentes agresores. Esa gente forma parte de la base electoral de ambos y no se la ve muy contenta que digamos.
Moraleja final para todos y todas: si sos pez, no te conviene darle la red al pescador.
Por: Gustavo Castro
