Insultos presidenciales y presos por protestar 

 La democracia argentina sufre un deterioro persistente y planificado. El terrorismo de baja intensidad ya no es un concepto abstracto: se manifiesta en causas armadas, presos políticos, violencia verbal institucionalizada y la represión del disenso. Frente a este escenario, el silencio o la tibieza son formas de complicidad. 

 Terrorismo de baja intensidad y justicia delivery 

Este gobierno forma parte de un entramado de actores, tanto nacionales como internacionales, que provocan una degradación sistemática de la institucionalidad. Es un gobierno que apenas tolera la democracia, y que alberga —en su corazón mismo— a los protagonistas del aparato represivo que se consolidó con la desaparición de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel o el intento de ejecución a Pablo Grillo.

Lo que algunos ya denominan “terrorismo de baja intensidad” se compone de varios engranajes. Entre ellos, un poder judicial colonizado: jueces y juezas que responden con fallos exprés a las necesidades políticas del gobierno y del oficialismo parlamentario. Casos insólitos como el de la jueza Sandra Arroyo Salgado —sí, la ex pareja de Nisman— que detuvo a cinco personas, entre ellas una madre, por un escrache con excremento frente a la casa del diputado José Luis Espert, muestran cómo se criminaliza la protesta con argumentos absurdos.

Espert, que pidió “cárcel o bala” para los manifestantes, insultó públicamente a Florencia Kirchner y fue echado a abucheos de una universidad. Hoy ocupa una banca financiado por un narco empresario detenido, y se siente con autoridad para pedir detenciones. Así funciona la justicia a la carta.

- Discursos de odio, medios cómplices y un Estado en retirada 

La maquinaria no se detiene en los tribunales. El insulto como forma de gobierno ya es norma: desde el Presidente hacia abajo, el sistema político y mediático reproduce odio, burla y degradación del adversario. Los medios afines a Milei repiten fórmulas que remiten al lenguaje de la dictadura: “algo habrán hecho”, “si están presos, es por algo”.

Esta semana se conoció la condena a más de 13 años de cárcel para Marcelo D’Alessio, el espía que armó causas durante el macrismo con apoyo del periodista judicial de Clarín, Daniel Santoro. Ambos, junto al fiscal Stornelli y Patricia Bullrich, integran una red que operó al servicio de intereses oscuros, muchas veces por fuera del Estado, y que sigue en funciones.

Mientras tanto, la situación económica se agrava y aparecen señales desesperadas: amenazas de confiscación de depósitos, presión para que los ahorristas liquiden lo poco que les queda, aumentos incesantes en servicios y alimentos. El gobierno pierde respaldo internacional y se queda sin herramientas legales como el DNU y las facultades delegadas. El plan de miseria, exclusión y deuda comienza a tambalear.

Y se aproxima octubre, donde el oficialismo necesita reforzar su presencia en el Congreso para seguir desguazando el Estado. De allí la urgencia: consolidar su poder antes de que la crisis se los lleve puestos.

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 Coraje o complicidad 

Desde este espacio editorial, en Santa Fe, volvemos a insistir: es hora de unidad y generosidad en el campo nacional y popular. Dejar de lado los egos y construir un frente amplio que le dé cauce a la bronca popular. Hay que poner un límite. Instalar una barrera democrática frente a esta ofensiva autoritaria.

Hoy, la democracia en la Argentina está herida. La participación electoral cae. La esperanza política retrocede. El miedo crece.

Y solo hay una forma de enfrentar el miedo: con coraje.

Por: Cesar Malato, Militante Peronista y Asociativista